En cualquier país "normal" el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, ya estaría
tras las rejas, o por lo menos habría sido obligado a dejar el cargo. El señor
pupilo de Diego García Sayán ha anunciado, ñato de risa, la "ampliación" del
plazo de formalización de los mineros ilegales, por 3 años más. La muy rica
mafia minero-ilegal tiene carta blanca para delinquir hasta el 2016.
Las máximas autoridades del (des)gobierno han decidido que los hampones sigan
operando fuera del marco legal exigido a cualquier inversor, que atropellen las
normas ambientales, usurpen territorios, evadan impuestos, se armen hasta los
dientes, trafiquen con el trabajo infantil, prostituyan a mujeres y niños, se
alíen con los narcos y envenenen nuestro territorio con el neurotóxico mercurio.
La inaceptable decisión ha sido adoptada a pocos días de la reunión que
congregará, en Lima, a reconocidos expertos en mercurio y los estragos que causa
sobre los ecosistemas, la cadena alimenticia y la salud humana. De paso, Jiménez
Mayor y sus secuaces en otras carteras -Ambiente, Justicia, Energía y Minas- han
mandado al tacho la propuesta de los ingenieros metalúrgicos peruanos de
trabajar para declarar nuestro territorio libre de mercurio, en un plazo máximo
de ocho años. Ese anuncio lo hizo apenas hace un mes el ingeniero Óscar Tinoco
Morelos, presidente del capítulo de Ingeniería Metalúrgica del Consejo
Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). El proyecto
Mercurio Cero aspira a reducir el consumo del peligroso metal en la actividad
minera a la mitad en apenas tres años y erradicarlo del todo en cinco más (con
tecnología nacional y barata).
El ingeniero Tinoco explicó que ya hay equipos que usan agua, y no mercurio,
para separar por gravedad el oro, y otros metales preciosos de la tierra. "Si se
añaden procedimientos de reciclaje y filtrado, se puede reutilizar el recurso,
logrando gran ahorro de agua y preservando la naturaleza", manifestó.
Lo más ridículo es que el "acuerdo" se adoptó en el proceso de diálogo
convocado por el Ejecutivo para resolver los problemas generados por la minería
informal e ilegal. Así las cosas, para "resolver los problemas" se permite que
los causantes sigan generándolos.
Esa es la extraña lógica de un gobierno sin brújula, sin rumbo y en picada,
justamente por su falta de mano dura en asuntos como estos.
Si para algo hay que alzar el puño indignado en estos días, es para gritar:
"Agua sí, mercurio no", "fuera los corruptos aliados de la minería informal".
Aquí huele a repartija, pero no exactamente de cargos.
El Comercio (Opinión), 24 de agosto de 2013
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