Es fácil satanizar las actividades de las empresas extractivas. Ciertamente
hay algunas que con su poca transparencia, su prepotencia frente a la culturas
ancestrales, a las costumbres de los pueblos y el desprecio por la biodiversidad
se ganan el rechazo de la opinión pública y su mal actuar termina salpicando a
las demás. Así, justas pagan por pecadoras. Y eso parece que le está pasando a
Pluspetrol que se encuentra hoy en el ojo de la tormenta debido a la ampliación
del lote 88, para el proyecto Camisea.
Esta ampliación según algunos se extiende sobre algunas zonas de
desplazamiento de poblaciones en aislamiento voluntario y, se supone que también
de pueblos no contactados. Un tema en el que el Estado tiene que mucho trabajo
por hacer.
Le compete a Pluspetrol ahora tranquilizar los ánimos de quienes están siendo
influenciados por una campaña enarbolada por ONG, financiadas desde el
extranjero, no contra Pluspetrol sino en realidad contra el proyecto Camisea,
fundamental para el desarrollo energético de nuestro país y con ello del
necesario crecimiento con inclusión que abandera el actual gobierno del
presidente Ollanta Humala. Pero el gobierno no tiene los reflejos ni las ganas
para responder a quienes quieren tirarse abajo la estrategia energética peruana.
Las empresas que operan e invierten en el Perú, lamentablemente, han de
enfrentarse al desorden existente en la legislación ambiental, a la
responsabilidad de no uno, sino de varios ministerios y organismo con
competencia sobre cada proyecto, al constante cambio de funcionarios (la mayoría
de ellos con escaso conocimiento) y a la tremenda descoordinación entre los
sectores y al interior de los propios sectores. Y esa descoordinación es la que
en gran parte ha generado el problema que hoy debe superar Pluspetrol.
Ocurre que el Ministerio de Cultura, con la banalidad que lo ha caracterizado
desde su establecimiento, difundió en su página web, durante unas pocas horas un
documento en el que se indica que la ampliación del lote 88 y las actividades
afectarán a los pueblos no contactados y en aislamiento voluntario. Esto nos
lleva a dos posibles puertos: que hubo presiones políticas para que ese informe
fuera retirado o que, percatándose los funcionarios conocedores de la realidad y
de la parte completa de la historia (la aceptación del estudio de impacto
ambiental del Ministerio de Energía y Minas, la conformidad del Ministerio del
Ambiente, entre otros), tuvieron a bien retirar ese documento por sus
inexactitudes.
Pluspetrol tiene algunas cosas que aclarar, pero mucho más debe aclarar la
flamante ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, quien por lo que se ve no
tiene idea que bajo su cartera le compete velar por la integridad de las
poblaciones no contactadas e indígenas en aislamiento voluntario.
Quizá la hasta hace poco funcionaria del municipio de Miraflores no sepa por
qué tiene un viceministro de interculturalidad a su cargo. Que nos quede claro,
las empresas tienen obligaciones y responsabilidades, pero quienes deben velar
por los peruanos, su integridad, su salud y su defensa, son las autoridades.
Documento aprobado
Resolución aún no se notifica al Minem
- La resolución viceministerial 005-2013 aprueba la opinión técnica del
sector sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) de la ampliación de
actividades de Pluspetrol. Hasta el momento, el sector Cultura no notifica esta
opinión técnica al Ministerio de Energía y Minas.
Sobre el informe
Observaciones sobre la ubicación de los pozos
- El informe plantea 82 observaciones al EIA y concluye que la ubicación de
algunos pozos exploratorios "tendría un impacto crítico en los indígenas que
viven en aislamiento" y ocasionaría "afectaciones severas" al desarrollo de sus
actividades.
El Comercio (Regiones), 06 de agosto de 2013
No hay comentarios.:
Publicar un comentario