En 2001 la empresa de energía Enron se declaró en quiebra; un año antes era la séptima compañía más grande de Estados Unidos.
A mediados del 2000 Enron cotizaba a $90 dólares por acción en la Bolsa de Nueva York, para noviembre del 2001 se desplomó a menos de un dólar. Los inversionistas perdieron unos $11 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Corrupción corporativa.
Enron colapsó por prácticas contables fraudulentas, cortesía de la firma auditora Arthur Andersen. El escándalo llevó a que Estados Unidos perfeccionara regulaciones federales y leyes para garantizar la exactitud financiera de quienes cotizan en bolsa; una de las más interesantes fue la Sarbanes-Oxley Act of 2001-SOA (Ley de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista), que aumentó la responsabilidad de las empresas auditoras, evitando su neutralidad e independencia frente a los actos de sus clientes.
En el Perú las firmas auditoras abusan del “descargo de responsabilidad” y avalan Estados Financieros que bien pueden ser inexactos, pero que se dan por veraces en la medida que se basan en la información “confiable” entregada por su cliente.
Algunos estudios de abogados han sido intervenidos por facilitar la transferencia de coimas a autoridades tales como al humalista Jorge Acurio Tito, exgobernador del Cusco (2011-13). Este fue ayudado por el abogado Zaragoza Amiel, socio de Rebaza, Alcazar & De Las Casas Abogados Financieros, estudio asesor de Odebrecht hasta para lo feo.
Pero volvamos a Enron y a Arthur Andersen: la auditora fue enjuiciada y declarada culpable de obstrucción a la justicia, lo que supuso la disolución de una firma fundada en Chicago 89 años antes del escándalo y hasta entonces una de las cinco sociedades de auditoría y contabilidad más grandes del mundo.
¿Por qué intervenir aquí solo a los abogados deOdebrecht y no a las firmas
que auditaron a los socios locales sin darse cuenta de nada o quizás cocinaron cifras juntos?
Y mientras tanto PPK premia a los socios de los brasileros: estos podrán participar en la reconstrucción hasta que sean, o no, “sancionados”; como si no fuera evidente las cercanía a la cutra responsable del mayor esquema de corrupción de nuestra historia y mutuos beneficiarios de sobrecostos que superan los U$5,000 millones de dólares.
El premio va vía el Decreto de Urgencia 003-2017, que en nombre de la inversión, el crecimiento y demás excusas pretende que la inmundicia siga ganando. Trituren esa barbaridad, señores congresistas.
Martha Meier M.Q.
Expreso, 20 de mayo de 2017
