martes, septiembre 27, 2011

¿Los niños envenenados en Cajamarca, no tienen derechos?

“Una madre de familia ha colocado los alimentos en un balde que contenía residuos de productos químicos o pesticidas”, dijo Aída ‘Mocha’ García Naranjo sin tartamudear. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social lanzó su sentencia sin pruebas y sin una investigación en curso que, por lo menos, diera ciertos indicios sobre lo que sostuvo con tanta seguridad y que hoy se sabe mentira. Sacó, así, alegremente el cuerpo y se fue a bailar con el ‘Puma’ Carranza. No pareció demasiado afectada por la muerte de tres niños ni el envenenamiento de más de cincuenta otros pequeños, tras ingerir alimentos distribuidos por el Programa Nacional de Alimentos (Pronaa).

El envenenamiento masivo ocurrió en el caserío Redondo, distrito de Cachachi, Cajamarca. La inexplicable conducta de la ministra –que ahora pide perdón por su insensible baile mientras las madres lloraban a sus hijos– ocurrió en Lima, centro del poder y donde el poder parece generar un efecto perverso en ciertos sectores que acceden a él tardíamente. El triste episodio ha servido para que los y las peruanas constatemos, una vez más, la doble vara moral utilizada por la izquierda criolla. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos pidiendo la cabeza de una ministra que notoriamente ha tratado de eludir su responsabilidad y no ha tenido empacho en extender el dedo acusador para señalar al grupo de mujeres rurales que recibieron la ayuda alimentaria, confiando en su calidad y salubridad? ¿Los niños envenenados no tienen, acaso, derechos? ¿O es que la consigna es no hacer olas cuando de ‘camaradas’ se trata?

Si la ministra de la Mujer fuera, por ejemplo, una fujimorista como Luisa María Cuculiza o una aprista histórica como Meche Cabanillas, ya estaría en marcha una operación coordinada desde las ONG, solventada con dinero extranjero, para triturar mediáticamente a través de diversos voceros a la ministra. Por las calles andarían jóvenes ilusos portando cartelones y gritando con ligereza “a-s-e-s-i-n-a”, mientras esa particular especie de peruanos llamada “los abajo firmantes” (nótese que siempre son las mismas ‘personalidades’) circularía por calles, plazuelas, y por todos los medios, algún pronunciamiento culpando al Estado, al sistema, al presidente, al libre mercado, a lo que sea, y exigiendo con indignación que rueden las cabezas. Todas las cabezas.

Con ‘Mocha’ no ha pasado nada de eso porque la izquierda local se cree impune. Por demasiado tiempo se ha permitido a sus representantes ser jueces, parte, acusadores y verdugos de todos aquellos peruanos que no comparten su pensamiento único y trasnochado. Los culpables son siempre otros, jamás ellos. Y esto nos debe preocupar especialmente ahora que son gobierno y no simple oposición.

La ministra García Naranjo debería exigirse lo que exige a otros: coherencia e integridad. Quienes la conocen deben haber quedado tan perplejas –como esta columnista– con su falta de solidaridad ante el dolor de las familias que perdieron a sus hijos o los ven hoy padecer las secuelas del envenenamiento. Ha sorprendido ingratamente su inmediata reacción para salvar su espacio, su puesto, su silla, su cargo, su ego. ¡Vaya usted a saber!


El Comercio, 24 de setiembre de 2011

Un congresista oficialista y su oro

¿Qué hace un representante del partido de gobierno defendiendo los intereses de quienes deforestan miles de hectáreas de la Amazonía Peruana y contaminan ríos, peces y suelos? ¿Cómo puede integrar la Comisión de Energía y Minas del Congreso, teniendo intereses en el sector y cuando los extractores ilegales sostienen que le pagan un cupo mensual de cinco kilos del preciado metal para hacer de las suyas? Es más… ¿Quién y por qué lo reclutó para que postulara al Congreso?

Eulogio Amado Romero Rodríguez –que se ha ganado por demérito propio la chapa de ‘comeoro’– es una incógnita. Su biografía es, por decir lo menos, curiosa para no usar la palabra sospechosa. Nació en La Libertad, pero es representante de Madre de Dios, donde vive hace décadas, según dijo en un programa radial. Siguiendo su dicho, vino a Lima para estudiar Derecho y Ciencias Políticas y sin concluir los estudios universitarios partió a la selva de Madre de Dios para convertirse en recolector de castañas y luego en minero. Nada de esto, por supuesto, coincide con su ficha del Jurado Nacional de Elecciones, JNE.

El congresista Romero es propietario de varias concesiones mineras en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, y donde ya desde los noventa la sangre del 78% de las personas analizadas presentaba hasta 500% más del mercurio tolerable, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Por sus declaraciones, la integridad de las personas y del medio ambiente no son asuntos que le quiten el sueño.

El jueves, en esta misma página, el biólogo Ernesto Ráez Luna –experto de la Universidad Cayetano Heredia– escribió con acierto que la minería ilegal no es un mero problema ambiental sino un problema de Estado que debe enfrentarse como tal.

Partiendo de esas reflexiones podemos afirmar, sin caer en la exageración, que la extracción ilegal de oro no es solo un problema de Estado sino también global.

Esa actividad destruye impunemente el corazón de una zona que concentra gran parte de la biodiversidad del planeta. Amenaza, además, el Parque Nacional del Manu considerado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el más importante del mundo justamente por su diversidad. Para la Unesco, el Manu es: “Zona núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera” y “Patrimonio Natural de la Humanidad”. Así, toda acción que atente contra ese trozo de Amazonía es un asunto de implicancias globales.

A la devastación ecológica generada por la minería ilegal en Madre de Dios, hay que sumar –como refirió Ráez Luna– la vulneración de derechos humanos en la zona y la ausencia del Estado. Esa ausencia fomenta el peligroso desconocimiento del destino del dinero generado que podría estar sirviendo para sobornar autoridades o financiar bandas criminales y hasta terroristas.

En su nota, Ráez mencionó la necesidad de certificar el oro, de conocer el origen del metal y avanzar el concepto de “oro verde” (metal procedente de operaciones ceñidas a las normas vigentes). Vale la pena recordar, entonces, el Esquema de Proceso de Certificación Kimberley (KPCS, por sus siglas en inglés). El sistema de certificación data del 2002 y fue diseñado para evitar que los llamados “diamantes de sangre o conflictivos” (extraídos ilegalmente en diversos países de África para financiar guerras y guerrillas) entren a los mercados. El KPCS permite al comprador saber que no está financiando guerras ni violaciones de los derechos humanos.

¿Podría darse algo similar para el oro en el Perú? ¡Claro! Pero para eso el congresista liberteño representante de Madre de Dios tendría que demostrar que nada lo ata a los ilegales y promover acciones para poner orden e institucionalizar a las autoridades económicas, ambientales, tributarias y judiciales. Es decir recuperar esta tierra de nadie… ¿O imperio de él?

El Comercio, 17 de setiembre de 2011

La hoja que amenaza la gastronomía




“Necesitamos fortalecer el agro para que los mismos agricultores no vean en la siembra de hoja de coca una actividad más rentable que sembrar papas”, dijo el presidente Ollanta Humala en la inauguración de la feria gastronómica Mistura. Frases apropiadas para un auditorio de cocineros y de campesinos que este año exhiben –para orgullo de todos– la diversidad frutal del Perú. El presidente, sin embargo, calló que su gobierno reducirá en 9,5% el presupuesto del sector agricultura para el 2012. ¿Qué estrategia para “fortalecer el agro” empieza debilitando su presupuesto?

Para el 2011, el Ministerio de Agricultura cuenta con 1.027 millones de soles, asignados por el pasado gobierno, pero para el año venidero el sector Agricultura recibirá apenas 930 millones (según proyecto del presupuesto humalista). El dato lo reveló Reynaldo Trinidad, experto en temas agrícolas y director de la revista “Agronoticias”, en el diario gobiernista “La Primera”. Trinidad informó, además, que hasta el 85% del presupuesto se va en el pago de planillas y otros gastos. Así, al presidente Humala le faltó informar que para “fortalecer el agro” solo se contará con 139,5 millones de soles.

¡Brillante!, como gusta decir el abogado Ricardo Soberón, articulador en nuestro país de la agenda narcolegalizadora del especulador y minero George Soros (vía su ONG Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos). Paradójicamente, Soberón –los narcos son “empresarios liberales”, dice–, es jefe de la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Devida, y propone hacer pausas en la erradicación de los cultivos ilegales de coca. ¿Para que retoñen, será?

Los cocales, desde toda óptica, son incompatibles con el sano cultivo de nuestros alimentos. Las plantaciones de la hoja sagrada de los incas son enemigas naturales de la gastronomía: compiten por los suelos y recursos requeridos por la agricultura, fuente de las materias primas que necesitan los cocineros para crear sus platos. Los cocales –por el uso intensivo de pesticidas y herbicidas– contaminan los acuíferos y los ríos, alteran los ecosistemas y ciclos ecológicos, degradan los suelos, la biodiversidad y la salud (según Cedro, el 72,9% de los cocaleros del Huallaga considera que el cultivo y producción de drogas afectan su salud). Tanto como el 90% de la producción de la hoja abastece a los narcos.

La selva alta, donde proliferan los cocales que Soberón prefiere no erradicar, es una de las áreas de producción agropecuaria tropical mejor aprovechada de nuestro país. Sus valles se destinan al cultivo del café, cacao, té, palma aceitera, entre otras y es una zona de gran producción frutícola. Mientras el presidente Humala dice: “Necesitamos fortalecer el agro”, Soberón parece querer fortalecer el agro, pero de la coca. Legales o ilegales, los sembríos contaminan y el jefe de Devida debería ocuparse de trabajar con los cocaleros legales para certificar una hoja orgánica, en vez de pretender meterlos en el mismo saco de los que abastecen al narcotráfico.

En Mistura el presidente Ollanta Humala pudo comprometerse a defender, apoyar y promover a los pequeños agricultores –campesinos e indígenas–, productores de aquello que comemos. Pudo reflexionar sobre el rol de depositarios y guardianes de conocimientos y semillas milenarias, que dignifican y consolidan la identidad de un país tan diverso como sus agroespecies nativas, base de nuestra culinaria. Estos cultivadores de alimentos deberían ser el centro del debate, pero como vivimos en el mundo al revés, las ‘estrellas’ son los cocaleros ilegales. Así lo dicta la agenda personal del señor Soberón, jefe de Devida, donde las ‘papas’ del presidente Humala no tienen ni tendrán cabida.










El Comercio, 10 de setiembre de 2011

Cocaína y pérdida de biodiversidad



Hace más de cinco mil años el hombre andino ya chacchaba coca, usaba la hoja para curar ciertos males, adivinar el futuro y ofrendarla a sus muertos. Hoy en el siglo XXI la hoja –procesada para cocaína– es un problema moral y ecológico. Cada gramo de cocaína producido en nuestra Amazonía genera cerca de 650 kilos de basura y contamina cerca de doscientos litros de agua. Miles de hectáreas han sido deforestadas –con la consecuente pérdida de biodiversidad– para cultivar la “hoja sagrada de los incas” y en otras tantas hectáreas las pozas de maceración y laboratorios, contaminan suelos y fuentes de agua.

Este tema no le quitará el sueño al flamante viceministro del Ambiente, el ‘cocólogo’ (para todo hay especialidad) Hugo Cabieses, un activo narcolegalizador. “Yo no estoy de acuerdo con el tipo de campañas que dicen ‘A la droga dile no’, pues solo incrementan el número de usuarios”, dijo en entrevista con “Perú.21”, en febrero del 2006. Ya en el 2003 en el boletín “NarcoNews”, nuestro flamante viceministro de Ambiente era presentado como uno de los impulsores de la legalización de drogas en el Perú y acusaba al Gobierno de Estados Unidos de impedir un debate sobre el tema. El señor está enfocado en algo que nada tiene que ver con proteger nuestra selva de la expansión cocalera.

Sumemos a este inexplicable viceministro del Ambiente la súbita suspensión de la erradicación de cocales en la Amazonía decidida por el gobierno y el nombramiento de Ricardo Soberón –un defensor de cocales, cocaleros y promotor de la legalización– como cabeza de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, Devida (vaya chiste cruel), para comprender que no queda mucho lugar para la esperanza.

El panorama se pinta complicado como para que se tomen en cuenta los estragos ecológicos generados por la lacra de la producción o se prioricen el apoyo a la agricultura, la revalorización de los cultivos nativos y la sustitución para reducir el ámbito de la hoja. El señor presidente Ollanta Humala prometió el 28 de julio “peruanizar” (?) la lucha contra las drogas. Da la impresión, sin embargo, de que se ha empezado a imponer la agenda del especulador financiero y narcopromotor George Soros, mecenas de varias ONG locales y claro, cómo no, de proyectos a los que han estado vinculados Cabieses y Soberón. Pero pasemos a la pureza robada por la cocaína en los ecosistemas donde la producen.

Tumbar o quemar bosques para sembrar arbustos de coca dispara, a mediano plazo, un proceso de desertización que se traduce en afloramiento del subsuelo selvático, de la llamada “roca madre”, cuya reconversión en tierra apta para la agricultura puede tardar cerca de dos siglos.

En las últimas décadas han sido las mujeres rurales, campesinas e indígenas –por supuesto que no la nacionalista Nancy Obregón– las que han revelado cómo la funesta actividad destruye el ambiente y afecta la salud.

Los ríos de las zonas cocaleras están contaminados por químicos que van desde el kerosene hasta la acetona pasando por el cloro y el ácido sulfúrico entre otros, sin dejar de lado miles de toneladas de cal viva. Cientos de kilos de papel higiénico –utilizado como filtrante– pueden verse flotar en los cursos de agua. La basura de la droga degrada el ambiente y afecta a la población: recoger agua del río, bañarse o lavar la ropa pueden generar intoxicaciones y llagas en la piel. Cada vez, además, hay menos peces para alimentarse, menos aves silvestres.

Ecosistemas de gran valor se pierden así por el delito de unos, el vicio de otros y la dejadez e intereses subalternos de algunas autoridades. ¡A la droga dile no!, porque destruye tu vida y hábitats de alta biodiversidad en nuestra Amazonía, aunque eso le valga un rábano al viceministro del Ambiente, gran experto para el boletín “NarcoNews”.






El Comercio, 20 de agosto de 2011

La ciudad como zona de miedo



“La ciudad no tiene tamaño tiene grandeza”, decía Marco Tulio Cicerón (106 a.C. 43 a.C.). Si así fuera, la Lima de hoy es menos que un piojo, un ácaro, vamos, una microscópica bacteria que aflige, causa dolor y espanta. La violencia, la desidia y la corrupción han convertido a la capital del Perú en una zona de miedo. El tema no es nuevo: sobre la inseguridad ciudadana han corrido ríos de tinta y no han faltado los opinantes de todo pelaje sin haberse alcanzado solución, ni siquiera la luz de una tímida luciérnaga al final del túnel.

Dos episodios recientes siguen generando titulares y nos han mostrado con crudeza dónde y en qué precariedad estamos sobreviviendo. En menos de una semana un prontuariado criminal de nombre Juver Vargas Crespo (que hasta donde se sabe debiera estar purgando cárcel) encabezó el grupo de hampones que le disparó a una niña de 9 años, Ariana, hija del congresista Renzo Reggiardo; y un subnormal al volante llamado Weimer Huamán Sánchez dejó en coma a Ivo Dutra, joven reportero gráfico del semanario “Hildebrandt en sus trece”, quien murió anoche.

En ambos casos, detrás hay autoridades que avergüenzan y cuyos pergaminos morales –y cuentas bancarias– merecen ser investigados por el trato condescendiente brindado a estas amenazas públicas. En el caso del sujeto que atacó a la pequeña Ariana, está fichado por hurto, tráfico de drogas, microcomercialización y asociación ilícita para delinquir; en el 2006 fue condenado a prisión efectiva por robo agravado. ¿Quién aplicó los beneficios penitenciarios que le permitieron a esa amenaza andar libre para poner en jaque la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos?

Es un hecho que a diario criminales avezados –liberados inexplicablemente– toman por asalto las calles, asesinan impunemente, disparan contra otros niños y niñas como Ariana, quien gracias a Dios hoy ya está recuperada. Ariana encarna lo que se padece en Lima. Otro tanto ocurrió con el caso de Ivo Dutra, donde no se produjo el milagro esperado. Cada día, es cierto, en los diferentes barrios de esta tres veces coronada villa, decenas de familias pierden trágicamente a uno de los suyos a manos de desequilibrados mentales, seres violentos y agresivos cuya arma mortal es el vehículo que conducen. Tal como Weimer Huamán Sánchez que cruzándose una luz roja arrolló al reportero Dutra. Se esperaría que el Huamán este estuviere procesado, inhabilitado, detenido. Soñemos, estamos en Lima, Perú, así que el chofer de marras –de transportes Orión–fue prontamente liberado por el fiscal provincial adjunto Víctor Ríos Candio, mientras que la fiscal Ana María Linares Zamora se negó a recibir el atestado sin ninguna explicación, según denuncia el semanario del periodista César Hildebrandt. ¿No valdría la pena, aunque sea por curiosidad, levantar el secreto bancario de este par, analizar sus transacciones financieras y sus propiedades?

La ciudad, es cierto, es el reflejo de sus habitantes, pero mientras unos tratan –tratamos– de construir ciudadanía, ser buenos vecinos, crecer moral y espiritualmente para contribuir con esa “grandeza” de la ciudad, de la que nos hablaba Cicerón –jurista, político, filósofo, escritor y orador romano– tenemos que convivir no solo con hampones sino con autoridades bastante proclives a que estos anden libres.

En el siglo X el filósofo musulmán Al Farabi definió la Ciudad Ideal como una sociedad ordenada en la que todos sus habitantes se ayudan para obtener la felicidad. En Lima más bien parece que las autoridades judiciales tratan de desordenar y fomentar no solo nuestra infelicidad sino nuestra intranquilidad. Al Farabi sostenía que la función era primordialmente educativa (tanto intelectual, espiritual como emocionalmente). Si pasara por Lima, difícilmente le reconocería la cualidad de ciudad.






El Comercio, 13 de agosto de 2011