El gobierno debería impulsar alianzas público privadas para la construcción de un sistema eficiente de acueductos, porque buena parte de peruanos carece de acceso diario a fuentes de agua limpia.
Doce millones de compatriotas sufren por la falta de agua en el territorio nacional; más de dos millones de ellos viven en Lima y todos sobreviven en un permanente estado de emergencia sanitaria no declarada, y probablemente con deshidratación crónica. Para millones de hombres, mujeres y niños es como si aquí hubiese una guerra.
La magnitud de nuestro problema puede entenderse claramente si recordamos que, en 2015, durante la interminable guerra de Siria, cinco millones de personas sufrieron cortes prolongados en el suministro de agua y la noticia dio la vuelta al mundo movilizando a varias agencias de Naciones Unidas. El doctor Peter Salama, entonces director regional de Unicef en Oriente Medio y África del Norte, dijo algo que a los sacha-liberales criollos no les gusta escuchar: “el agua potable es tanto una necesidad básica como un derecho fundamental, en Siria y en cualquier lugar”. Y “cualquier lugar” nos incluye.
Ayer una nota de la periodista María Del Carmen Yrigoyen, en el semanario de Hildebrandt, sacó a luz la realidad de los “sin agua”. En ella revela que, en 2016, solo en Lima “había 682 asentamientos humanos y cooperativas a los que no les llegaba agua potable”, esto según datos del ingeniero Jorge Poma, de la ONG “Peruanos sin agua”.
Así de mal estamos, y eso no es culpa de los huaycos ni del clima sino de la corrupción y la indiferencia de los sucesivos gobiernos que priorizan el desarrollo de las actividades extractivas y megaproyectos de infraestructura energética, pensando -las más de las veces- en recibir sobornos en la misma mano -derecha o zurda- con la que firman contratos lesivos para la patria.
El Perú necesita una planificada red de acueductos, más que elefantes blancos como el Gasoducto Sur Peruano, GSP, (hoy detenido) para el cual no existen reservas probadas de gas suficientes, pero sí comprobada corrupción desde la licitación misma y un sobrecosto mayor a cuatro mil millones de dólares, fina cortesía de Odebrecht y asociados.
Una pregunta para los multi-expertos defensores e incrédulos de la cutra brasilera, ¿cuántos compatriotas tendrían hoy acceso al agua potable con los miles de millones robados en varias obras de esos consorcios brasilero-peruanos?
Y sí mis estimados libertarios, “liberaches” y mercachifleros, el agua segura y su adecuado suministro es un derecho fundamental, y de las pocas cosas que deberíamos subsidiar directamente, con un sol o más cargados a nuestros recibos de Sedapal. ¿Ok?
Martha Meier M.Q.
Expreso, 25 de marzo de 2017
