No importa el paisaje ni el clima. Sea trópico, frío bosque o desierto, allí donde se desarrollan grandes proyectos mineros (o existe intención de hacerlo) hay desentendimiento y desconfianza de la población. Contaminación de aire, suelos y fuentes de agua, abuso de poder, falta de información y en algunos casos violaciones abiertas a los derechos humanos son parte de ciertos emprendimientos mineros. La Coordinadora de Derechos Humanos ha difundido recientemente una serie de fotografías que demuestran las agresiones contra 27 comuneros y dos comuneras, perpetradas en el 2005 en las alturas de Piura, por las fuerzas de seguridad de la empresa Majaz en coordinación con malos efectivos policiales. Una intolerable represalia contra quienes protestaban contra la minera. Las víctimas fueron golpeadas, atadas, obligadas a andar descalzas por rutas escarpadas con los ojos vendados o las cabezas cubiertas con costales. ¿Y qué pasó? Para los operadores de justicia, concretamente el fiscal Félix Toledo Leiva, las víctimas pasaron a ser los victimarios.
Un país y sus instituciones, por suerte o por desgracia, son simplemente lo que su clase dirigente definen. Y entiéndase por clase dirigente a los medios y sus periodistas, a los colegios profesionales, varias ONG, investigadores, empresarios, académicos, artistas, iglesias y grupos organizados, entre otros. Culpar de todos nuestros males a la clase política es simplemente evadir la responsabilidad histórica de construir un presente justo y un futuro mejor. Si el Perú fuese el reflejo de su Constitución sería casi un paraíso. Pero ni el Perú se parece a su Constitución ni lo que dice esa Constitución se traduce en lo que la clase dirigente permite o promueve. Para muestra algunos botones. Según el artículo 88: "El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario (...)". Palabras que la realidad desmiente cuando vemos cómo se generan conflictos sociales que enfrentan, justamente, a los agricultores en cuyas zonas se entregan concesiones mineras, sin que se les haya informado ni consultado previamente. Esto es más bien apoyo al desarrollo minero en detrimento de la agricultura. ¿Más? El artículo 22 sostiene que todos tenemos derecho "(...) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". ¿Alguien iría, digamos, a La Oroya para reponerse de una bronquitis o se bañaría en las frías y contaminadísimas aguas del lago Junín o Chinchaycocha, para templar su espíritu? ¿Dónde queda entonces el derecho al ambiente equilibrado de las miles de familias en cuyas zonas se han entregado concesiones mineras? Está escrito también que: "Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes". Pese a la letra, 29 comuneros fueron vejados en el campamento de Majaz. La minería es una extraordinaria fuente de generación de divisas a corto plazo, pero en nombre de ella y de la libre empresa no es posible voltear la cara y no contabilizar los pasivos ambientales que genera, cuando no utiliza la tecnología adecuada. Y menos aún silenciar la violación a los derechos humanos de quienes tratan de defender el ambiente natural y terminan (como viene siendo el caso en Piura y Cajamarca) acusados de 'terrorismo'. Así la prepotencia alienta las corrientes 'antisistema', deslegitima la democracia como sistema de gobierno y al capitalismo como modelo económico.
Un país y sus instituciones, por suerte o por desgracia, son simplemente lo que su clase dirigente definen. Y entiéndase por clase dirigente a los medios y sus periodistas, a los colegios profesionales, varias ONG, investigadores, empresarios, académicos, artistas, iglesias y grupos organizados, entre otros. Culpar de todos nuestros males a la clase política es simplemente evadir la responsabilidad histórica de construir un presente justo y un futuro mejor. Si el Perú fuese el reflejo de su Constitución sería casi un paraíso. Pero ni el Perú se parece a su Constitución ni lo que dice esa Constitución se traduce en lo que la clase dirigente permite o promueve. Para muestra algunos botones. Según el artículo 88: "El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario (...)". Palabras que la realidad desmiente cuando vemos cómo se generan conflictos sociales que enfrentan, justamente, a los agricultores en cuyas zonas se entregan concesiones mineras, sin que se les haya informado ni consultado previamente. Esto es más bien apoyo al desarrollo minero en detrimento de la agricultura. ¿Más? El artículo 22 sostiene que todos tenemos derecho "(...) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida". ¿Alguien iría, digamos, a La Oroya para reponerse de una bronquitis o se bañaría en las frías y contaminadísimas aguas del lago Junín o Chinchaycocha, para templar su espíritu? ¿Dónde queda entonces el derecho al ambiente equilibrado de las miles de familias en cuyas zonas se han entregado concesiones mineras? Está escrito también que: "Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes". Pese a la letra, 29 comuneros fueron vejados en el campamento de Majaz. La minería es una extraordinaria fuente de generación de divisas a corto plazo, pero en nombre de ella y de la libre empresa no es posible voltear la cara y no contabilizar los pasivos ambientales que genera, cuando no utiliza la tecnología adecuada. Y menos aún silenciar la violación a los derechos humanos de quienes tratan de defender el ambiente natural y terminan (como viene siendo el caso en Piura y Cajamarca) acusados de 'terrorismo'. Así la prepotencia alienta las corrientes 'antisistema', deslegitima la democracia como sistema de gobierno y al capitalismo como modelo económico.
El Comercio, 10/01/2008
