Que no le quepa duda a nadie, el presidente Ollanta Humala es un buen hombre, un ser humano bien intencionado y con un gran amor y respeto por la tierra que lo vio nacer. Pocos como él han estado dispuestos a ponerse en la línea de fuego y arriesgar la vida para protegernos y enfrentar a la lacra de Sendero Luminoso. No en vano estuvo destacado en Madre Mía (Tocache) en los años noventa. Lamentablemente la alianza caviar-extremorrojista-antifujimorista que lo catapultó al poder en el último tramo de la campaña del 2011 parece tenerlo cercado. Como cercado lo tienen sus malas juntas con los más conspicuos representantes del castro-chavismo regional.
Humala no es exactamente un hombre de sólida ideología ni rígida formación intelectual. Admira a Velasco -por sus buenas intenciones, más allá de su 'robolución' y el desastre económico al que arrastró al Perú-, como cualquier joven puede admirar la inigualable voz de la tempranamente fallecida Amy Winehouse, más allá de su vida disipada, su desorden y su afición a las drogas.
Ahora bien, el presidente Humala con su confusa ideología "ni chicha ni limonada", o más bien con su desideología y siendo un hombre de acción más que de reflexión, amén de ingenuo como suelen ser las buenas personas, está siendo empujado por intereses subalternos al despeñadero. No faltan quienes se frotan las manos esperando su fracaso (léase Siomi Lerner y demás hierbas) sin pensar en el daño que esto le puede ocasionar a nuestro país. ¿A qué enredarse en la compra de Repsol Perú? ¿A qué arriesgarse a andar en un laberinto, cuando es mejor caminar derecho?
Sabido es que Humala ya se reunió en Palacio con el mandamás de Repsol, Antonio Brufau, y que está dispuesto a despilfarrar US$2 mil millones (dinero de los contribuyentes) para hacerse de una refinería obsoleta y altamente contaminadora, de un negocio mal organizado de gas licuado y de una cadena de grifos. Ahora bien, para realizar esta compra el humalismo se está sentando en lo que dicta la Constitución de 1993, que claramente indica que el Estado no tiene rol empresarial, por lo que requeriría que el Congreso dicte una ley especial. La pregunta a estas alturas es si el presidente tiene idea de cuánto bien podría hacerle al país el destino de esos dos mil millones si fueran invertidos en infraestructura, educación, salud o conservación ambiental.
Debe recordar el presidente -y ojalá la primera dama se lo haga recordar- que por muy estrecho margen ganó las elecciones del 2011 por un programa bautizado como "Hoja de ruta". ¿Está estafando a sus electores por presiones y pretendiendo irse por otra ruta? Esperamos que no.
Martha Meier M. Q.
EDITORA CENTRAL DE FIN DE SEMANA Y SUPLEMENTOS
El Comercio, 27 de abril de 2013
No hay comentarios.:
Publicar un comentario