Los ojos del mundo están puestos en el Perú por ser sede de la COP 20,
pero nuestro panorama ambiental no es uno de los más alentadores.
El jueves arranca en Loreto la semana COP 20. Estas semanas verdes
intentan informar a la población sobre el cambio climático y recoger sus puntos
de vista y experiencias, con miras a la Conferencia de las Partes sobre el
Cambio Climático (COP 20).
La reunión internacional se realizará en diciembre, en Lima (considerada
la capital más contaminada de Latinoamérica). Participarán unos 190 jefes de
gobierno y llegarán más de 25 mil asesores, académicos, expertos, activistas y
periodistas. Los ojos del mundo están puestos sobre el Perú, por desgracia,
pues nuestro país no pasa por su mejor momento ambiental. El reciente paquete
de medidas que aspiran a reactivar la economía socavó las bases de la
institucionalidad ambiental. Así se favoreció para que, local e internacionalmente,
cale el discurso de las ONG antiinversión. Y es que las medidas reactivadoras
son un retroceso en lo que se refiere al uso de herramientas de prevención de
riesgos ambientales (ya no se requerirán estudios de impacto ambiental, EIA, en
las fases exploratorias de los proyectos extractivos) y el derecho de las
comunidades afectadas.
La minería ilegal e informal sigue contaminando con mercurio los ríos y
ecosistemas de mayor biodiversidad del planeta en Madre de Dios, una actividad
ligada además al lavado de narcodólares y tráfico de personas, y que se expande
también por los ríos de la selva norte.
Más del 90% de la madera exportada por el Perú procede de la tala ilegal
de bosques amazónicos, según el informe "La máquina lavadora", de la
Agencia de Investigación Ambiental EIA (por sus siglas en inglés). Las mafias
forestales crecen y las autoridades no implementan los sistemas de
identificación de maderas mediante marcadores de ADN, algo que los ingenieros
forestales y conservacionistas piden desde unos tres años, si no más.
El domingo, el programa "Panorama" denunció que la empresa
Cacao del Perú Norte tala el bosque de Tamshiyacu, a orillas del río Amazonas,
muy cerca de Iquitos. La empresa opera sobre 3.500 hectáreas, es decir una
extensión similar a la de los distritos de Magdalena, San Isidro, Miraflores y
San Borja combinados. Sin permisos y a vista y paciencia de las autoridades. Y
eso que los bosques amazónicos son considerados los mayores sumideros de CO2
(dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables del
calentamiento global, según los expertos). Pero, ¡ay, los árboles siguen
cayendo!
La debilidad del Ministerio del Ambiente es evidente, así como la del
ministro Manuel Pulga-Vidal. A puertas de la COP 20, el ambiente, la
contaminación, la tala ilegal y los derechos de las comunidades afectadas por
los grandes proyectos extractivos, madereros y agroexportadores no le interesan
al gobierno. ¿Qué mostraremos al mundo? Un gran retroceso en temas verdes.
Peligro
El reciente paquete de medidas para reactivar la economía socavó la
institucionalidad ambiental.
Martha Meier M.Q.
Editora Central
El Comercio, 12 de agosto de 2014 (Página Ecología)
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