lunes, junio 08, 2015

Y la mafia maderera ¡ay, siguió avanzando!

En el 2011 se supo por un dato de Wikileaks que gran parte de las maderas amazónicas exportadas son ilícitas y sus certificados son falsos. Esa mafia sigue.

La existencia de poderosas mafias madereras ha salido una vez más a la luz a raíz del brutal asesinato de cuatro asháninkas, encabezados por el líder Edwin Chota, a manos justamente de madereros ilegales. No es un tema nuevo, es un tema que ningún gobierno ha podido desbaratar. De hecho, no se recuerda ningún intento de caer sobre estos delincuentes ambientales con toda la fuerza de la ley.
A raíz del asesinato de Chota y los otros tres líderes asháninkas, la primera ministra Ana Jara ha anunciado el nombramiento de un alto comisionado contra la tala ilegal. Chota, recordémoslo, denunció una y otra vez a las bandas de madereros ilegales y de narcotraficantes. A estas alturas la alianza entre ambas bandas criminales es tal que internacionalmente ya se habla de la 'narcomadera', y el asunto preocupa a mercados como el estadounidense.
Desde que, en el 2011, el Gobierno Peruano se vio obligado a aceptar como cierto el contenido de un dato de Wikileaks (2006) en el que se informaba que la caoba y otras finas maderas amazónicas exportadas eran de origen ilegal y sus certificados falsos, en las más altas esferas de la política de Estados Unidos hay preocupación y alertas constantes.
Recientemente el embajador peruano en Washington, señor Harold Forsyth, destacó los "avances concretos" en la relación bilateral con Estados Unidos para la lucha contra la tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico, entre otros, tras la reunión del canciller Gonzalo Gutiérrez con el secretario de Estado, John Kerry.
Pero frenar la mafia de madereros ilegales no es tan simple. No basta nombrar a un alto comisionado, como bien intencionadamente lo expresó Ana Jara, ni las buenas intenciones en el ámbito diplomático, porque esa mafia está enquistada en lo más alto del poder político y de un sector del gremio empresarial privado. Solo así se entiende la persistencia y subsistencia de un sistema de concesiones forestales que es la puerta a poder actuar ilegalmente: una vez con el "permiso", se puede extraer madera de cualquier lugar, pues no existe un sistema de monitoreo confiable.
Mientras para garantizar la legalidad del origen de la madera baste un 'sello' en un documento oficial (que fácilmente puede falsificarse) la mafia ¡ay, seguirá avanzando! Y esto puede tener serias consecuencias, pues si los importadores no pueden confiar en la legalidad de nuestras maderas, optarán por proveedores de otros países, donde por la corrupción y la inacción de los diversos gobiernos no deriven en el asesinato de líderes indígenas. Los mercados, sin duda, cerrarán sus puertas a la 'narcomadera' y a la 'madera de sangre', es decir a las de nuestra Amazonía.

ALTERNATIVAS
¿ADN o Ley Lacey?
En el 2012 en Malasia se propuso monitorear las maderas tropicales usando marcadores genéticos. Estos "ofrecen un nivel de evidencia que no se puede impugnar. El ADN está presente en cada célula de la madera, por lo que los datos no pueden falsificarse", explica Andrew Lowe, de la Universidad de Adelaida, Australia.
La técnica está muy desarrollada por su uso en criminología y garantiza, con un 99% de certeza, de dónde procede la madera. Y es que conociendo la genética de los árboles de una determinada concesión se sabrá si la exportada coincide con esa data. De no hacerlo significa que es originaria de otra zona y, por tanto, ilegal. Esto se está implementando ya en Centroamérica, y es una alternativa de bajo costo y rápida.

No incluir el monitoreo vía ADN desampara a los exportadores frente a la Ley Lacey (EE.UU., 2008). Esa norma convierte en cómplice al importador que compra un producto silvestre ilegal, aun sin saberlo. El mercado exigirá, antes que después, las pruebas de ADN. ¿Qué esperamos?


Martha Meier MQ.
Editora Central 

El Comercio, 14 de octubre de 2014 (Página de Ecología)

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