Cada año cientos de toneladas de mercurio ingresan al Perú y terminan en manos de los mineros ilegales (o informales, que a fin de cuentas son lo mismo). El ingreso ocurre a vista y paciencia de las autoridades, lo mismo que su ilegal y depredadora actividad. Y mientras en la Amazonía áreas de gran biodiversidad son devastadas por esta actividad, las autoridades no hacen sino repetir la cantaleta de que el plazo para "formalizarse" culmina en abril del 2014 y gasta recursos económicos y humanos para lograrlo. Suerte tienen estos maleantes ambientales con un gobierno al que el tema se le ha desbordado, mira hacia otro lado y asume que nada puede hacer sino empadronarlos y darles un plazo para ello. ¿Plazo para seguir perpetrando un delito? ¿Dónde se ha visto? Que les den carta blanca a los asaltantes de bancos, siempre y cuando saquen carnet y se registren. ¿Qué lógica impera? ¿Qué mirada tiene el actual gobierno de la cuestión ambiental? Nada, por lo visto, ha cambiado, más bien ha empeorado. Con el cuento del plazo de la "formalización" se premia a quienes debieran estar purgando prisión. La verdad es que en este cuento no se entiende nada.
El propio defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, sostiene que "la minería ilegal contraviene frontalmente las leyes y el Estado de derecho y su ilegalidad es causa de enormes perjuicios para la vida, la integridad, la salud de las personas, para el medio ambiente, el mercado, la economía y la propia institucionalidad del Estado". ¿Entonces por qué se legisló extendiendo protección para que estos delincuentes destruyan el ambiente hasta abril del 2014?
Con la irresponsable política del "dejar hacer" por no saber qué hacer, tenemos que agradecerle al actual gobierno (al pasado y al anterior a este) por las grandes áreas en Madre de Dios que parecen haber sido bombardeadas, las zonas de Puno donde ya no crece ni una brizna de hierba.
Ríos contaminados, vastas áreas deforestadas, ausencia de flora y fauna nativa, circuitos de criminalidad, pase de drogas y tráfico de menores explotados sexualmente. Eso es lo que se ve en estos "campamentos" de mineros ilegales. En los últimos años han proliferado imparables. Un informe de la defensoría calcula que a tan dañina actividad se dedican al menos unas 100.000 personas, a lo largo y ancho del Perú, en 21 regiones. Estamos pues en la gran nación peruana donde cada quien hace lo que le da la gana. ¿Hasta cuándo? Un poquito de mano dura no hace daño, especialmente frente a quienes rapiñan y pudren nuestros ecosistemas. ¿Dónde están los Gregorios Santos gritando contra los mineros ilegales? ¿En el Perú hay que ser informal y no pagar impuestos para sacar oro sin estudios de impacto ambiental, ni consultas previas? Vaya mensajito de decencia.
Martha Meier M. Q.
Editora de fin de semana y suplementos
El Comercio, 09 de marzo de 2013
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