Petro-Perú
S.A. opera con tecnología obsoleta y bajos estándares ambientales, una receta
perfecta para el desastre.
El agua
supo extraña. El pescado causó males estomacales y náuseas a quienes lo comían.
Los pobladores de Cuninico, Loreto, vieron llegar la enfermedad a sus hogares y
centenares de peces flotando en el río; y sospecharon: un derrame de petróleo debía
haber ocurrido.
Un grupo
navegó río arriba hasta la quebrada de Cuninico y se topó con el inmenso manto
negro cubriéndolo todo; era evidente el daño causado a la flora y fauna. Un
informe de esa inspección sostiene que "con el aumento de caudal el agua
contaminada va a llegar al río Marañón, ocasionando una recontaminación que
puede traer mayor aumento de enfermedades en la población". Petro-Perú
niega que el crudo haya llegado o llegará al Marañón, pero ¿cómo no, si las
lluvias arrastran todo hacia los ríos?
Los
pobladores constataron la fuga que la estatal dice no haber notado por lo
tupida y enmarañada que es la selva. Cuando la comunidad lanzó la alerta,
Petro-Perú aceptó lo ocurrido.
Este no
es el primero ni el único de los derrames de esa empresa y, lamentablemente, no
será el último. De hecho, fueron dos derrames consecutivos, el primero ocurrió
el 26 de junio y el segundo el 30.
Las
versiones oficiales hablan de dos hectáreas contaminadas, pero fuentes
confiables afirman que pasan de cuatro y que está en riesgo la salud de más de
medio millar de personas.
Los
expertos calculan que al menos 10 mil barriles de petróleo escaparon del
vetusto y falto de mantenimiento oleoducto. Se trata de la mayor fuga
registrada en nuestro país, pero para Petro-Perú es como si no hubiese pasado
nada.
Derrames
menores de empresas privadas -por sabotajes y corte de tuberías- fueron blanco
de campañas impulsadas por las mismas autoridades que hoy guardan silencio o
apenas murmuran.
Petro-Perú
ha tratado de minimizar el desastre, pero el sol no puede taparse con un dedo.
El tema ya reventó gracias al documentado informe difundido el domingo por
"Panorama", en Panamericana TV. Allí se mostraron el inadecuado
manejo de la situación, el uso de menores de edad para limpiar la contaminación
(a cambio de 80 soles) y la inexistencia de un proyecto de remediación
ambiental, pese a lo anunciado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA). Una clara muestra de la complicidad de los entes ambientales
y las autoridades nacionales que castigan al privado, pero permiten continuar
operando a una estatal con estándares ambientales ínfimos, tecnología obsoleta
y huérfana de planes de contingencia.
La fuga
recién empieza a mostrar sus estragos que serán de largo plazo. Lo peor del
cuento es que, siendo Petro- Perú propiedad estatal, la remediación y las
campañas de desinformación para que la debacle no se convierta en escándalo
internacional serán solventadas con nuestros impuestos.
SALUD
Amenaza
real
El
petróleo crudo -como el derramado por Petro-Perú en el tramo I del oleoducto
norperuano- es una mezcla de variedad de hidrocarburos, es decir diversas
sustancias químicas compuestas de hidrógeno y carbono. A esto hay que sumarle
la presencia de sustancias tóxicas y metales pesados: cromo, níquel, azufre,
benceno, tolueno y xileno, entre otros centenares de compuestos.
La
exposición al crudo causa irritación a los ojos (lagrimeo, enrojecimiento,
legaña negra), al aparato respiratorio (tos, dificultad respiratoria) y a la
piel (hinchazón y quemaduras proclives a la infección). Algunas personas
reaccionan con mareos, taquicardia, dolores de cabeza, anemia, confusión mental
y alergias. Pese a esto, a los menores de edad usados por Petro-Perú (violando
la ley) para descontaminar la quebrada ni siquiera se les proveyó de equipos de
protección (ONG de derechos humanos, pronunciarse por favor).
Con el
paso del tiempo, muchos de los compuestos del crudo entrarán al aire, el viento
los dispersará y el olor se sentirá en diferentes puntos, produciendo náusea,
vómitos o dolores de cabeza a los más sensibles, especialmente niños, ancianos
y mujeres embarazadas.
Martha Meier M.Q.
Editora Central
El Comercio, 22 de julio de 2007
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