En Conga avanzan los antiinversión mientras el proyecto minero no renueva su
visión ambiental.
Los distritos de Sorochuco y Huasmín, en la provincia de Celendín, y La
Encañada, en la de Cajamarca, son tierra de lagunas milenarias, restos
arqueológicos, pinturas rupestres, aves, aguas medicinales, verdes campiñas
cultivadas.
Una zona donde podrían desarrollarse proyectos turísticos, mejor dicho
pudieron, porque hoy allí se extiende el proyecto minero Conga, de
Newmont-Yanacocha.
Inversión estratégica
Conga es una inversión necesaria para el Perú, un proyecto legal y formal, a
diferencia de la minería ilegal, contaminante y lavadora de narcodólares, que
prolifera sin que se la combata eficientemente. Es una inyección de varios
millones de dólares, pero es un conflicto socioambiental activo que el Gobierno
no sabe enfrentar sino con el uso de la fuerza, generando mayor desconfianza y
rechazo.
Desinformación
En la zona del proyecto impera la desinformación, abonando el terreno para
que los grupos antiinversión azucen a una población sinceramente preocupada por
"su" agua, los ecosistemas de la jalca cajamarquina y sus paisajes.
Cada tanto los agitadores organizan marchas, y los comuneros salen a proteger
sus lagunas (varias serán drenadas y una usada como vertedero de relaves).
La empresa ha garantizado el abastecimiento de un mayor caudal de agua, de
buena calidad, construyendo reservorios. Pero ese no es el punto.
Con otros ojos
Quienes lideran el proyecto deben renovar su mirada sobre el espacio
geográfico que explotarán e interiorizar el significado del paisaje, en su
sentido más amplio y espiritual.
A principios del siglo XXI surgió una corriente sobre el modo de entender el
paisaje. Filósofos, arquitectos, políticos, artistas y geógrafos sostienen ahora
que es cultura, gozo estético, identidad y base de demandas y conflictos
sociales (como los que proliferan en nuestro país cuando el paisaje va a ser
notoriamente "intervenido").
El Convenio Europeo del Paisaje destaca el papel de este en la cultura, los
ámbitos ecológicos, ambientales y sociales, y generador de empleos: en su
protección, gestión, ordenamiento y recuperación.
Mis lagunas
Para salir del atolladero, Conga requiere que el paisaje sea mínimamente
perturbado, recrear los bofedales y pajonales, que son un sistema natural de
captación y cosecha de agua.
En la zona hay unos 800 manantiales, un centenar de puntos de captación de
agua para consumo y 18 canales de riego que posibilitan la ganadería y la
agricultura. Yanacocha-Newmont debe demostrar que es posible la convivencia de
la minería con esas actividades, eso depende de reinventar el proyecto para
recrear el entorno ecológico, garantizando, además, que al cierre de las
operaciones la zona será lo más parecido a lo que se encontró (un buen ejemplo
lo da Endesa, con su mina a tajo abierto de As Pontes, en Galicia, España).
En Conga la defensa del agua es la coartada de los antiinversión para agitar
a las comunidades. De hecho, el proyecto usará el agua a su conveniencia, ¿no
debería haber un pago especial a las poblaciones por el agua almacenada en las
lagunas y la que discurre por las tierras concesionadas?
EL VALOR DEL AGUA
Una nueva mercancía
El agua es el gran commodity del siglo XXI, una materia prima
comercializable. Su valor crece por la escasez e inaccesibilidad a fuentes
confiables: solo el 0,03% del agua del planeta es apta para consumo.
En el 2006 las ventas de agua embotellada sobrepasaban los 100 mil millones
de dólares anuales, con un crecimiento sostenido de 9%.
Los sachaliberales y capitalistas extremos han despojado al agua de su
dimensión de derecho humano. Quien cuestiona esto es tildado de "contrario al
progreso", siendo así y reconociendo que el agua puede tener otros propietarios
que el Estado, ¿cuál sería la excusa para que una minera no pague por el agua
que despilfarra? Lo mismo las empresas embotelladoras de agua, gaseosas y
cervezas, que la tienen gratis y luego la venden.
¿Las comunidades ricas en agua de buena calidad no deberían ser compensadas
por perder el recurso y no poder aprovecharlo industrialmente? En ese sentido,
¿oponerse a pagarle a las poblaciones por eso no es bastante parecido a ser un
antiinversión?
El Comercio, 25 de febrero de 2014 (Página Ecología)
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