Un grupo de "opinólogos" sigue con su campaña de desinformación para que el
ex presidente Alberto Fujimori sea condenado por el delito de lesa humanidad. Y
apoyándose en la "lesa verdad", han rebautizado "Esterilizaciones forzadas" a su
Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que incluyó la
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, AQV. Casos aislados y lamentables
derivados de esas cirugías se generalizan para crear la percepción de que hubo
una política contra miles de mujeres andinas.
La abogada Rocío Villanueva lo ha desmentido hasta el cansancio. Villanueva
fue defensora adjunta de la Mujer de la Defensoría del Pueblo y declaró a "El
País", de España, su sorpresa porque ahora se habla de "más de 200.000 mujeres
ligadas contra su voluntad... la Defensoría conoce e investigó 690 casos" [773,
a la fecha]. Pero la verdad no le interesa a quienes solo buscan destruir a
Fujimori.
En mayo del 2004 Salomón Lerner Febres, entonces rector de la Universidad
Católica del Perú y presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR
(cuyo informe final ni se ocupa del tema), declaró: "En ese caso espantoso la
ideología confundió todo. El empecinamiento de las feministas, el afán del Opus
Dei de manejar el tema". La mentira de Lerner dio el pitazo de partida para la
gran campaña de Lesa Verdad que vemos. ¿Alguien cree que el Opus Dei apoya la
anticoncepción? Además ese programa de salud reproductiva contó con el apoyo de
ONG feministas, el financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la
Población (UNFPA) y Usaid, entre otros, y fue monitoreado.
La experta en políticas públicas Cecilia Villegas Otero explica que el
programa aumentó "el uso de métodos modernos de 31%, en 1992, a 51% en el 2000,
reduciéndose la mortalidad materna de 265 por 100.000 nacidos vivos en 1996, a
185 en el 2000". Esa es la verdad.
Ahora, es curioso que quienes se rasgan las vestiduras por los derechos de
las mujeres pobres y las poblaciones más vulnerables abanderan el aborto, es
decir un verdadero genocidio que propugnan despenalizar en nuestro país.
Promueven, además, que las mujeres pobres sean atiborradas con anticonceptivos
cuyo uso se vincula a cánceres, derrames cerebrales y más.
El Instituto del Cáncer de Estados Unidos menciona que "los riesgos de cáncer
de seno, de cérvix y de hígado parece que aumentan" [con los anticonceptivos]".
¿Alguien se lo advierte a las mujeres menos privilegiadas?
¿Y quién alerta que la "píldora del día siguiente" no debe utilizarse con
diabetes, depresión, migrañas o si hay antecedentes familiares de cáncer de mama
o nódulos benignos, o uso de lentes de contacto por posibles cambios de visión?
El archivamiento de las "esterilizaciones forzadas" es un paso hacia la
verdad. Los médicos que dañaron o incumplieron protocolos deben ser juzgados y
las mujeres y familias afectadas, resarcidas económicamente.
Lo que no puede permitirse es el uso de esos lamentables casos con fines de
venganza política o figuración.
¿Habrá que tipificar ya el delito de lesa verdad?
El Comercio, 01 de febrero de 2014
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