¿Puede alguien apoderarse de una propiedad sin pagarla, enriquecerse con ella y luego venderla sin darle lo que le corresponde a su dueño? ¿Es legítima la compra a un tercero de un bien ajeno? La realidad peruana demuestra que esto es posible, que se promueve y que hacerlo se considera un logro digno de elogio. El Estado lo hace al privatizar acciones de cooperativas que operan en tierras que no le pertenecen como, por ejemplo, una hacienda azucarera expropiada que jamás pagó. El 24 de junio de 1969 la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley 17716, iniciándose la reforma agraria. Se expropiaron imperios algodoneros, azucareros, frutícolas, ganaderos, maiceros y madereros, entre otros, gestados a través de generaciones.
“La reforma agraria (no) se la debemos a un militar o a un dirigente. No es así, la reforma agraria fue hecha por la acción colectiva del propio campesinado indígena”, ha escrito Hugo Blanco Galdós, líder izquierdista, ex guerrillero y ex congresista en “Lucha indígena”. Para 1962 los levantamientos campesinos en el valle de La Convención, Cusco —cuando Blanco encabezaba la Federación Provincial— incluían la toma de tierras, el Estado envió a la policía y los enfrentamientos dejaron su cuota de muertos y heridos. Hugo Blanco se alzó en armas y organizó la brigada guerrillera Remigio Huamán en memoria de uno de los campesinos muertos. En mayo de 1963 Blanco fue capturado. Ese mismo año el gobierno del golpista Ricardo Pérez Godoy promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria. Al año siguiente, en 1964, durante su primer gobierno el arquitecto Fernando Belaunde Terry promulgó la ley de reforma agraria y liberó a Blanco, que purgaba una sentencia de 25 años en El Frontón.
Desde los años 40, los distintos gobiernos y partidos habían reflexionado sobre la necesidad de medidas para modificar la estructura de propiedad del suelo cultivable y principalmente el régimen de trabajo de los campesinos: analfabetos, semiesclavizados, mal pagados y a veces ni esto. El economista, periodista y político Pedro Beltrán (1897-1979), fundador del diario “La Prensa” y ministro de Hacienda y Comercio del gobierno de Manuel Prado, comprendía la reforma agraria y la gran revolución del agro del acceso a la propiedad de la tierra como el resultado de la ampliación de la frontera agrícola.
Para muestra un botón: el 17 de julio de 1961 inauguró la irrigación San Lorenzo, Piura, hoy emporio frutícola productor de cerca del 90% de los mangos y limones exportados por el Perú. Está claro que había un entendimiento sobre la necesidad de nuevas políticas para el campo, pero lo perpetrado por la dictadura velasquista fue una usurpación sin beneficios visibles y sí muchos perjuicios, como el retroceso de la agroindustria nacional frente a nuestro vecino del sur. El mismísimo Hugo Blanco critica lo realizado por Velasco: “Formó gigantescas cooperativas que teóricamente beneficiaban a todos los campesinos que labraban en ella; sin embargo, en la práctica los únicos beneficiarios eran los burócratas puestos desde arriba por el gobierno”, escribió. Cuarenta años después el Estado no ha asumido su deuda con las familias afectadas y lo que es peor, sucesivos gobiernos —incluido el actual— privatizan propiedad ajena, las tierras jamás compradas. En la práctica, la usurpación continúa.
“La reforma agraria (no) se la debemos a un militar o a un dirigente. No es así, la reforma agraria fue hecha por la acción colectiva del propio campesinado indígena”, ha escrito Hugo Blanco Galdós, líder izquierdista, ex guerrillero y ex congresista en “Lucha indígena”. Para 1962 los levantamientos campesinos en el valle de La Convención, Cusco —cuando Blanco encabezaba la Federación Provincial— incluían la toma de tierras, el Estado envió a la policía y los enfrentamientos dejaron su cuota de muertos y heridos. Hugo Blanco se alzó en armas y organizó la brigada guerrillera Remigio Huamán en memoria de uno de los campesinos muertos. En mayo de 1963 Blanco fue capturado. Ese mismo año el gobierno del golpista Ricardo Pérez Godoy promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria. Al año siguiente, en 1964, durante su primer gobierno el arquitecto Fernando Belaunde Terry promulgó la ley de reforma agraria y liberó a Blanco, que purgaba una sentencia de 25 años en El Frontón.
Desde los años 40, los distintos gobiernos y partidos habían reflexionado sobre la necesidad de medidas para modificar la estructura de propiedad del suelo cultivable y principalmente el régimen de trabajo de los campesinos: analfabetos, semiesclavizados, mal pagados y a veces ni esto. El economista, periodista y político Pedro Beltrán (1897-1979), fundador del diario “La Prensa” y ministro de Hacienda y Comercio del gobierno de Manuel Prado, comprendía la reforma agraria y la gran revolución del agro del acceso a la propiedad de la tierra como el resultado de la ampliación de la frontera agrícola.
Para muestra un botón: el 17 de julio de 1961 inauguró la irrigación San Lorenzo, Piura, hoy emporio frutícola productor de cerca del 90% de los mangos y limones exportados por el Perú. Está claro que había un entendimiento sobre la necesidad de nuevas políticas para el campo, pero lo perpetrado por la dictadura velasquista fue una usurpación sin beneficios visibles y sí muchos perjuicios, como el retroceso de la agroindustria nacional frente a nuestro vecino del sur. El mismísimo Hugo Blanco critica lo realizado por Velasco: “Formó gigantescas cooperativas que teóricamente beneficiaban a todos los campesinos que labraban en ella; sin embargo, en la práctica los únicos beneficiarios eran los burócratas puestos desde arriba por el gobierno”, escribió. Cuarenta años después el Estado no ha asumido su deuda con las familias afectadas y lo que es peor, sucesivos gobiernos —incluido el actual— privatizan propiedad ajena, las tierras jamás compradas. En la práctica, la usurpación continúa.
El Comercio, 27/06/09
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