En el 2011 se supo por un dato de Wikileaks que gran parte de las
maderas amazónicas exportadas son ilícitas y sus certificados son falsos. Esa mafia
sigue.
La existencia de poderosas mafias madereras ha salido una vez más a la
luz a raíz del brutal asesinato de cuatro asháninkas, encabezados por el líder
Edwin Chota, a manos justamente de madereros ilegales. No es un tema nuevo, es
un tema que ningún gobierno ha podido desbaratar. De hecho, no se recuerda
ningún intento de caer sobre estos delincuentes ambientales con toda la fuerza
de la ley.
A raíz del asesinato de Chota y los otros tres líderes asháninkas, la
primera ministra Ana Jara ha anunciado el nombramiento de un alto comisionado
contra la tala ilegal. Chota, recordémoslo, denunció una y otra vez a las
bandas de madereros ilegales y de narcotraficantes. A estas alturas la alianza
entre ambas bandas criminales es tal que internacionalmente ya se habla de la
'narcomadera', y el asunto preocupa a mercados como el estadounidense.
Desde que, en el 2011, el Gobierno Peruano se vio obligado a aceptar
como cierto el contenido de un dato de Wikileaks (2006) en el que se informaba
que la caoba y otras finas maderas amazónicas exportadas eran de origen ilegal
y sus certificados falsos, en las más altas esferas de la política de Estados
Unidos hay preocupación y alertas constantes.
Recientemente el embajador peruano en Washington, señor Harold Forsyth,
destacó los "avances concretos" en la relación bilateral con Estados
Unidos para la lucha contra la tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico,
entre otros, tras la reunión del canciller Gonzalo Gutiérrez con el secretario
de Estado, John Kerry.
Pero frenar la mafia de madereros ilegales no es tan simple. No basta
nombrar a un alto comisionado, como bien intencionadamente lo expresó Ana Jara,
ni las buenas intenciones en el ámbito diplomático, porque esa mafia está
enquistada en lo más alto del poder político y de un sector del gremio
empresarial privado. Solo así se entiende la persistencia y subsistencia de un
sistema de concesiones forestales que es la puerta a poder actuar ilegalmente:
una vez con el "permiso", se puede extraer madera de cualquier lugar,
pues no existe un sistema de monitoreo confiable.
Mientras para garantizar la legalidad del origen de la madera baste un
'sello' en un documento oficial (que fácilmente puede falsificarse) la mafia
¡ay, seguirá avanzando! Y esto puede tener serias consecuencias, pues si los
importadores no pueden confiar en la legalidad de nuestras maderas, optarán por
proveedores de otros países, donde por la corrupción y la inacción de los
diversos gobiernos no deriven en el asesinato de líderes indígenas. Los
mercados, sin duda, cerrarán sus puertas a la 'narcomadera' y a la 'madera de
sangre', es decir a las de nuestra Amazonía.
ALTERNATIVAS
¿ADN o Ley Lacey?
En el 2012 en Malasia se propuso monitorear las maderas tropicales
usando marcadores genéticos. Estos "ofrecen un nivel de evidencia que no
se puede impugnar. El ADN está presente en cada célula de la madera, por lo que
los datos no pueden falsificarse", explica Andrew Lowe, de la Universidad
de Adelaida, Australia.
La técnica está muy desarrollada por su uso en criminología y garantiza,
con un 99% de certeza, de dónde procede la madera. Y es que conociendo la
genética de los árboles de una determinada concesión se sabrá si la exportada
coincide con esa data. De no hacerlo significa que es originaria de otra zona
y, por tanto, ilegal. Esto se está implementando ya en Centroamérica, y es una
alternativa de bajo costo y rápida.
No incluir el monitoreo vía ADN desampara a los exportadores frente a la
Ley Lacey (EE.UU., 2008). Esa norma convierte en cómplice al importador que
compra un producto silvestre ilegal, aun sin saberlo. El mercado exigirá, antes
que después, las pruebas de ADN. ¿Qué esperamos?
Martha Meier MQ.
Editora Central
El Comercio, 14 de octubre de 2014 (Página de Ecología)
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