¿Qué hace un representante del partido de gobierno defendiendo los intereses de quienes deforestan miles de hectáreas de la Amazonía Peruana y contaminan ríos, peces y suelos? ¿Cómo puede integrar la Comisión de Energía y Minas del Congreso, teniendo intereses en el sector y cuando los extractores ilegales sostienen que le pagan un cupo mensual de cinco kilos del preciado metal para hacer de las suyas? Es más… ¿Quién y por qué lo reclutó para que postulara al Congreso?Eulogio Amado Romero Rodríguez –que se ha ganado por demérito propio la chapa de ‘comeoro’– es una incógnita. Su biografía es, por decir lo menos, curiosa para no usar la palabra sospechosa. Nació en La Libertad, pero es representante de Madre de Dios, donde vive hace décadas, según dijo en un programa radial. Siguiendo su dicho, vino a Lima para estudiar Derecho y Ciencias Políticas y sin concluir los estudios universitarios partió a la selva de Madre de Dios para convertirse en recolector de castañas y luego en minero. Nada de esto, por supuesto, coincide con su ficha del Jurado Nacional de Elecciones, JNE.
El congresista Romero es propietario de varias concesiones mineras en una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta, y donde ya desde los noventa la sangre del 78% de las personas analizadas presentaba hasta 500% más del mercurio tolerable, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Por sus declaraciones, la integridad de las personas y del medio ambiente no son asuntos que le quiten el sueño.
El jueves, en esta misma página, el biólogo Ernesto Ráez Luna –experto de la Universidad Cayetano Heredia– escribió con acierto que la minería ilegal no es un mero problema ambiental sino un problema de Estado que debe enfrentarse como tal.
Partiendo de esas reflexiones podemos afirmar, sin caer en la exageración, que la extracción ilegal de oro no es solo un problema de Estado sino también global.
Esa actividad destruye impunemente el corazón de una zona que concentra gran parte de la biodiversidad del planeta. Amenaza, además, el Parque Nacional del Manu considerado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el más importante del mundo justamente por su diversidad. Para la Unesco, el Manu es: “Zona núcleo de la Reserva Mundial de la Biosfera” y “Patrimonio Natural de la Humanidad”. Así, toda acción que atente contra ese trozo de Amazonía es un asunto de implicancias globales.
A la devastación ecológica generada por la minería ilegal en Madre de Dios, hay que sumar –como refirió Ráez Luna– la vulneración de derechos humanos en la zona y la ausencia del Estado. Esa ausencia fomenta el peligroso desconocimiento del destino del dinero generado que podría estar sirviendo para sobornar autoridades o financiar bandas criminales y hasta terroristas.
En su nota, Ráez mencionó la necesidad de certificar el oro, de conocer el origen del metal y avanzar el concepto de “oro verde” (metal procedente de operaciones ceñidas a las normas vigentes). Vale la pena recordar, entonces, el Esquema de Proceso de Certificación Kimberley (KPCS, por sus siglas en inglés). El sistema de certificación data del 2002 y fue diseñado para evitar que los llamados “diamantes de sangre o conflictivos” (extraídos ilegalmente en diversos países de África para financiar guerras y guerrillas) entren a los mercados. El KPCS permite al comprador saber que no está financiando guerras ni violaciones de los derechos humanos.
¿Podría darse algo similar para el oro en el Perú? ¡Claro! Pero para eso el congresista liberteño representante de Madre de Dios tendría que demostrar que nada lo ata a los ilegales y promover acciones para poner orden e institucionalizar a las autoridades económicas, ambientales, tributarias y judiciales. Es decir recuperar esta tierra de nadie… ¿O imperio de él?
El Comercio, 17 de setiembre de 2011
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