Zonia Luis como su esposo e hijo no han vacilado en reconocer al capitán Ollanta Humala como el oficial que ellos atendieron en Madre Mía y que después los golpeó, saqueó y humilló. Lo han identificado al igual que otros testigos”, denunció el diario “La República” el 5 de febrero del 2006, en nota firmada por los periodistas Edmundo Cruz y Elizabeth Prado.
“El pecado de Ollanta”, “Ollanta, tú eres Carlos”, son algunos de los titulares de portada de ese diario cuando afirmaba que “documentos confidenciales” demostraban que Humala era un violador de los derechos humanos. “La República” ahondó sus acusaciones con extensos informes y sobre el caso de la referida familia de Zonia Luis Cristóbal ambos periodistas escribieron: “En Jauja encontramos a una familia deseosa de descargar vivencias contenidas por más de trece años. Relataron su dramática historia con fluidez y aceptaron la grabadora, aunque posteriormente el ruido de las actuales denuncias mediáticas contra Ollanta Humala los asustó. Nos comprometimos a gestionarles garantías y así hemos hecho”. Frente a tamañas revelaciones y las de otros diarios e instituciones vinculadas con los derechos humanos, Alejandro Silva, vocero de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la ex comisionada de la verdad Sofía Macher declararon que denunciarían formalmente a Ollanta Humala Tasso por cinco casos de desapariciones forzadas y tres de torturas. Silva, anunció en el programa “La ventana indiscreta”, de la periodista Cecilia Valenzuela, que había “suficientes evidencias” para proceder con la denuncia. Al par de “denunciantes” no se les escucha ahora ni la tos. Otra de la que no se sabe nada por estos días es Gloria Cano, responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), quien el 2006 dejó entrever que presentaría una denuncia contra el Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ocultar información sobre la actuación de Humala en 1992. ¿Qué pasó? ¿Al fondo hay sitio? El actual silencio sobre el Caso Madre Mía no es sino la evidencia palpable de cómo ciertos sectores y personajes que dicen velar por los derechos los usan como simple coartada para abrirse un espacio en la vida pública.
En días recientes, por ejemplo, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, circuló un comunicado que tuvo escasa repercusión, en el que cuestionaba las posturas sobre derechos humanos de los candidatos Keiko y Ollanta. En el caso de las torturas y desapariciones que se le atribuyen al candidato Humala se exigía “el esclarecimiento sobre estos hechos”. En una entrevista periodística posterior, Silva Santisteban dijo: “Se tiene que recordar que ese caso fue archivado por la Sala Penal de la Corte Suprema; por lo tanto se consideró que no había mérito para seguir con ese juicio”. Traducción: el vocal César San Martín, hoy presidente del Poder Judicial, archivó el caso no porque Humala fuese inocente, sino por una deficiente investigación, porque no se quiso llamar a juicio oral y por las leguleyadas de su abogado defensor Omar Chehade, su correligionario.
De cara a este limbo, donde la verdad le importa a pocos, vale recordar las frases escritas por Fernando Rospigliosi, el 19 de febrero del 2006, en el diario “Perú 21”: “¿Qué dicen aquellos que hoy rodean a Humala y que antes sostuvieron la defensa de los derechos humanos? ¿Hoy creen que el fin justifica los medios? ¿Que todo vale para hacerse un sitiecito en el poder? […] No es excusa, para esas personas decir que “no están probadas las acusaciones a Humala”. Tampoco estaban probadas las que se hacían a Vladimiro Montesinos en 1990, pero era evidente que un corrupto abogado de narcotraficantes no iba a convertirse en un honesto funcionario público. ¿Creen acaso que un abusivo capitán violador de los derechos humanos se convertirá en un presidente respetuoso de ellos, democrático y compasivo?”. Huelgan los comentarios de esta columnista.
“El pecado de Ollanta”, “Ollanta, tú eres Carlos”, son algunos de los titulares de portada de ese diario cuando afirmaba que “documentos confidenciales” demostraban que Humala era un violador de los derechos humanos. “La República” ahondó sus acusaciones con extensos informes y sobre el caso de la referida familia de Zonia Luis Cristóbal ambos periodistas escribieron: “En Jauja encontramos a una familia deseosa de descargar vivencias contenidas por más de trece años. Relataron su dramática historia con fluidez y aceptaron la grabadora, aunque posteriormente el ruido de las actuales denuncias mediáticas contra Ollanta Humala los asustó. Nos comprometimos a gestionarles garantías y así hemos hecho”. Frente a tamañas revelaciones y las de otros diarios e instituciones vinculadas con los derechos humanos, Alejandro Silva, vocero de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la ex comisionada de la verdad Sofía Macher declararon que denunciarían formalmente a Ollanta Humala Tasso por cinco casos de desapariciones forzadas y tres de torturas. Silva, anunció en el programa “La ventana indiscreta”, de la periodista Cecilia Valenzuela, que había “suficientes evidencias” para proceder con la denuncia. Al par de “denunciantes” no se les escucha ahora ni la tos. Otra de la que no se sabe nada por estos días es Gloria Cano, responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), quien el 2006 dejó entrever que presentaría una denuncia contra el Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ocultar información sobre la actuación de Humala en 1992. ¿Qué pasó? ¿Al fondo hay sitio? El actual silencio sobre el Caso Madre Mía no es sino la evidencia palpable de cómo ciertos sectores y personajes que dicen velar por los derechos los usan como simple coartada para abrirse un espacio en la vida pública.
En días recientes, por ejemplo, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, circuló un comunicado que tuvo escasa repercusión, en el que cuestionaba las posturas sobre derechos humanos de los candidatos Keiko y Ollanta. En el caso de las torturas y desapariciones que se le atribuyen al candidato Humala se exigía “el esclarecimiento sobre estos hechos”. En una entrevista periodística posterior, Silva Santisteban dijo: “Se tiene que recordar que ese caso fue archivado por la Sala Penal de la Corte Suprema; por lo tanto se consideró que no había mérito para seguir con ese juicio”. Traducción: el vocal César San Martín, hoy presidente del Poder Judicial, archivó el caso no porque Humala fuese inocente, sino por una deficiente investigación, porque no se quiso llamar a juicio oral y por las leguleyadas de su abogado defensor Omar Chehade, su correligionario.
De cara a este limbo, donde la verdad le importa a pocos, vale recordar las frases escritas por Fernando Rospigliosi, el 19 de febrero del 2006, en el diario “Perú 21”: “¿Qué dicen aquellos que hoy rodean a Humala y que antes sostuvieron la defensa de los derechos humanos? ¿Hoy creen que el fin justifica los medios? ¿Que todo vale para hacerse un sitiecito en el poder? […] No es excusa, para esas personas decir que “no están probadas las acusaciones a Humala”. Tampoco estaban probadas las que se hacían a Vladimiro Montesinos en 1990, pero era evidente que un corrupto abogado de narcotraficantes no iba a convertirse en un honesto funcionario público. ¿Creen acaso que un abusivo capitán violador de los derechos humanos se convertirá en un presidente respetuoso de ellos, democrático y compasivo?”. Huelgan los comentarios de esta columnista.
El Comercio, 07 de mayo de 2011
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