Neomontesinismo
En nombre de la transparencia algunos pretenden borrar el derecho a la
inviolabilidad de las comunicaciones consagrado en el artículo 10 de nuestra
Constitución: "Toda persona tiene derecho: al secreto y a la
inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos" y a que estos
"solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por
mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley",
pero la realidad es otra.
Hoy cualquiera manipula la seguridad de las computadoras -la suya, la
mía, la de algún ministro o la del presidente de la República-, hurga nuestros
documentos y correos electrónicos, roba lo que le parece interesante, lo
publica y queda impune. El material robado no tiene valor legal, pero es insumo
de alucinados "destapes" y causa gran daño moral. La prensa debe
velar y proteger los derechos y las libertades, pero algunos caen en la
tentación de publicar esas medias verdades o aparentes verdades.
Los llamados 'Cornejoleaks', por ejemplo, no destaparon nada relevante,
salvo que vivimos bajo la sombra neomontesinista, un espionaje criollo
fomentado por quienes criticaron las prácticas de interceptación perpetradas
por el ex asesor del presidente Alberto Fujimori, es decir el reo Vladimiro
Montesinos. El 'chuponeo', el hackeo y demás son ya prácticas usuales. Con los
fragmentos de información robada se arman -a veces por encargo- supuestas
historias de corrupción. Este terrorismo blanco debe desterrarse pues genera
inestabilidad y desconfianza. Una cosa es la necesaria transparencia de la
gestión pública y de las grandes empresas privadas, y otra muy distinta la
'calatitud' a la que pretende someternos el neomontesinismo caviar, cuyo único
fin es sepultar honras y sembrar descontento.
Ayer la abogada y periodista Rosa María Palacios escribió en el diario
"Exitosa" algo ciertísimo: "Mientras que algunos perseguidores
de actos de corrupción están ocupadísimos en horrorizarse porque una abogada
tutea a un ministro y no se dirige a él con la solemnidad que su majestad
amerita al reclamar los derechos de sus clientes, el fiscal de la Nación, con
todas las formalidades y sellos del caso, decide que el congresista Julio Gagó,
acusado de hacer negocios con el Estado - cuando está prohibido por la
Constitución de hacerlo- es inocente de todo cargo".
Mientras correos sacados de contexto llevan a condenar a priori a los
protagonistas, algunos políticos con sobradas pruebas y testimonios en su
contra salen libres de polvo y paja. El mundo al revés. Los e-mails hackeados
que hemos visto en la prensa son una parte de la película, la otra es que
cientos de abogados y empresarios se ven obligados a buscar canales directos
con representantes del Ejecutivo por la incompetencia, la tramitología, la
burocracia, la corruptela y las demoras de las entidades públicas que traban
las inversiones.
No se trata de quitar los candados para que las inversiones fluyan, sean
sostenibles y amigables con el ambiente, todo lo contrario. Más bien se
requieren instituciones fuertes, ágiles, modernas y con personal honesto,
calificado y eficiente para evitar que los inversionistas tengan que recurrir a
otras instancias para encontrar soluciones. Mientras esto no se logre, el trío
de congresistas variopintos que han montado este show seguirán lucrando como
"mesa de parte" de empresas e impulsores de leyes aberrantes. ¿Quiénes son? ¡Adelante, sabuesos!
Martha Meier MQ.
Editora Central
El Comercio, 20 de setiembre de 2014
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