Expulsado por 'verde'

Veamos. Según nuestra Constitución, el Ministerio del Interior se encarga, entre otras cosas, de velar por la seguridad ciudadana. Con la cantidad de asaltos, violaciones y crímenes perpetrados a diario diríase que el ministro Octavio Salazar no leyó esa parte. Lo que sí parece haber leído —y malinterpretado— es que tiene potestad para decirles: “Lárgate o te lo digo a mi manera, fuera, fuera” (misma cumbia de los Hermanos Yaipén) a quienes son una amenaza para la seguridad de nuestro país o realizan actividades distintas a las consignadas en su permiso de residencia. Lo que está muy bien si hay razones para hacerlo, pero Salazar ha generado tamaño enredo con el caso del religioso británico Paul McAuley.

Y el asunto ha traído una larga cola: protestas, pronunciamientos internacionales, ofrecimientos de las comunidades indígenas para proteger al hermano, es decir indignación generalizada. Y es que la Dirección General de Migraciones (Digemín) del Ministerio del Interior acusó sin pruebas a McAuley de realizar “actos contra la seguridad del Estado, el orden público interior y la defensa nacional”, y le canceló su residencia. Según Migraciones, el religioso habría infringido el artículo 63 de la Ley de Extranjería por apoyar a los nativos en sus protestas ambientalistas. Ajá, vaya amenaza. Salazar —que no ha dicho ni pío ante el hecho de que Lori Berenson, terrorista emerretista para más señas, ande suelta en plaza paseándose por Miraflores— dijo que el británico tenía siete días para dejar el país. ¿Dónde está escrito que un religioso no puede apoyar a su comunidad cuando esta se siente amenazada? Siguiendo la lógica del ministro, ¿un sacerdote que protesta junto a sus parroquianos capitalinos contra la comercialización de drogas, la prostitución en las esquinas o los accidentes de tránsito es también una amenaza? Francamente.

Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho: “La defensa del medio ambiente no solo es por la protección de la naturaleza, sino del espacio donde se debe desarrollar el ser humano en forma digna”. Pidió a las autoridades velar por el debido proceso en el caso de la orden de expulsión de McAuley, actualmente en el Poder Judicial. Monseñor Cabrejos enfatizó: “Es importante comprender que la labor de la Iglesia es evangelizar, pero también velar por el cuidado de la promoción humana integral, educación, salud, etc.”. Lo que a Salazar debe haberle sonado a grave amenaza contra el Estado. Y mientras se preocupa tanto por un religioso “verde”, que simplemente cumple su labor pastoral, los narcotraficantes y terroristas siguen haciendo de las suyas en el VRAE, y en las ciudades proliferan los ajustes de cuentas, robos y secuestros.

El ministro del Interior quizá no lo sepa, pero un gran hombre que no fue amenaza sino esperanza dijo: “La cuestión del medio ambiente está íntimamente relacionada con otros importantes problemas sociales, pues abarca todo lo que nos rodea y todo aquello de lo que depende la vida humana. A este respecto la reflexión sobre [...] la obligación de favorecer un ambiente seguro y sano”. Ese hombre fue Juan Pablo II, el Papa Peregrino, ante la Plenaria del Consejo Pontificio Justicia y Paz, en noviembre de 1999. A la luz de la doctrina social de la Iglesia, los sacerdotes no pueden ser ajenos a la problemática ambiental y ecológica, y menos abandonar a sus feligreses cuando se sienten amenazados. Lo demás son temores infundados, intereses soterrados y maniobras vergonzosas.

El Comercio, 17 de julio de 2010