VILES ATAQUES CONTRA EL PAPA BENEDICTO XVI Para algunos la única manera de sentirse mejor es denigrando al resto. Para otros, resucitar su ideología caduca pasa por desprestigiar a la institución cuyos miembros fueron martirizados en su batalla por la libertad, brindando fe, esperanza y la fuerza espiritual para que el pueblo se rebelara contra las dictaduras que asfixiaron Europa del Este por décadas. De esos sectores es que emana la campaña desatada contra la Iglesia de Roma y el papa Benedicto XVI.
Los actos —infrahumanos y degenerados— de sacerdotes pedófilos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. La cadena perpetua y la castración química deben ser el destino de todos aquellos —sin distinción— que violentan la inocencia de un niño o una niña. Pero justos no pueden pagar por pecadores e imperdonable sería no pronunciarse sobre el vil ataque dirigido contra el Santo Padre. Y aquí surge un par de preguntas: ¿Los que se rasgan las vestiduras por los actos abominables de pederastia, están realmente preocupados por la niñez? ¿Quienes derraman cataratas de tinta sobre el tema, buscan la verdad? La respuesta es no. Una mínima y real preocupación por la niñez se reflejaría en mayor información circulando sobre el abuso sexual infantil, más presencia en la agenda pública y en los presupuestos nacionales (en nuestro país, uno de cada tres niñas y niños sufre algún tipo de abuso). A través de la desinformación o la sobreinformación deleznable, que es lo mismo, se descalifica a la Iglesia Católica, se colectivizan las responsabilidades y se pretende crear sensación de culpa —y equívoco— a los cerca de dos mil millones de católicos.
Que quede claro, aquí no defendemos a los pedófilos, sean curas, tablistas o maestros, pero no está de más recalcar que el abuso sexual a niños preadolescentes por sacerdotes es la excepción y no la norma. Las cifras revelan que es una situación poco común que involucra al 0,3% del clero. Según datos del periodista Luigi Accatoli, en los últimos 15 años en Alemania —tierra del Papa— se denunciaron 210 mil casos de abuso sexual contra menores, 94 de estos relacionados con sacerdotes católicos (0,04%). ¿Por qué solo esos 94 casos reciben atención? ¿Los otros 209.906 niños alemanes no merecen ser defendidos y sus ofensores castigados? Es lógico que la indignación sea mayor cuando el abuso proviene de quienes han de promover la virtud y proteger a los más pequeños. No se vio, sin embargo, tal indignación cuando Save the Children denunció que es común el abuso sexual contra menores por parte de trabajadores “humanitarios y fuerzas de paz”, de Naciones Unidas. Las principales acusaciones son por: “intercambio de comida por sexo, sexo forzado, prostitución, pornografía, esclavitud sexual, ataque sexual y tráfico de niños”. ¿Deben desaparecer las fuerzas de paz de la ONU? ¿El actual secretario general Ban Ki-moon y sus antecesores son responsables? Si siguiéramos la lógica de los anticlericales habría que responsabilizarlos pues los hechos continúan, allí donde debe llevarse ayuda a los más necesitados.
Las instituciones —particularmente las que tienen impacto en la conciencia pública, incluidos los medios— deben contar con políticas de supervisión y sanción a sus afiliados pero de allí a desatar una cacería contra la Iglesia hay una distancia enorme. Lo primero es parte de la construcción de la democracia, lo segundo es terrorismo blanco, oportunista y perverso.
Los actos —infrahumanos y degenerados— de sacerdotes pedófilos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. La cadena perpetua y la castración química deben ser el destino de todos aquellos —sin distinción— que violentan la inocencia de un niño o una niña. Pero justos no pueden pagar por pecadores e imperdonable sería no pronunciarse sobre el vil ataque dirigido contra el Santo Padre. Y aquí surge un par de preguntas: ¿Los que se rasgan las vestiduras por los actos abominables de pederastia, están realmente preocupados por la niñez? ¿Quienes derraman cataratas de tinta sobre el tema, buscan la verdad? La respuesta es no. Una mínima y real preocupación por la niñez se reflejaría en mayor información circulando sobre el abuso sexual infantil, más presencia en la agenda pública y en los presupuestos nacionales (en nuestro país, uno de cada tres niñas y niños sufre algún tipo de abuso). A través de la desinformación o la sobreinformación deleznable, que es lo mismo, se descalifica a la Iglesia Católica, se colectivizan las responsabilidades y se pretende crear sensación de culpa —y equívoco— a los cerca de dos mil millones de católicos.
Que quede claro, aquí no defendemos a los pedófilos, sean curas, tablistas o maestros, pero no está de más recalcar que el abuso sexual a niños preadolescentes por sacerdotes es la excepción y no la norma. Las cifras revelan que es una situación poco común que involucra al 0,3% del clero. Según datos del periodista Luigi Accatoli, en los últimos 15 años en Alemania —tierra del Papa— se denunciaron 210 mil casos de abuso sexual contra menores, 94 de estos relacionados con sacerdotes católicos (0,04%). ¿Por qué solo esos 94 casos reciben atención? ¿Los otros 209.906 niños alemanes no merecen ser defendidos y sus ofensores castigados? Es lógico que la indignación sea mayor cuando el abuso proviene de quienes han de promover la virtud y proteger a los más pequeños. No se vio, sin embargo, tal indignación cuando Save the Children denunció que es común el abuso sexual contra menores por parte de trabajadores “humanitarios y fuerzas de paz”, de Naciones Unidas. Las principales acusaciones son por: “intercambio de comida por sexo, sexo forzado, prostitución, pornografía, esclavitud sexual, ataque sexual y tráfico de niños”. ¿Deben desaparecer las fuerzas de paz de la ONU? ¿El actual secretario general Ban Ki-moon y sus antecesores son responsables? Si siguiéramos la lógica de los anticlericales habría que responsabilizarlos pues los hechos continúan, allí donde debe llevarse ayuda a los más necesitados.
Las instituciones —particularmente las que tienen impacto en la conciencia pública, incluidos los medios— deben contar con políticas de supervisión y sanción a sus afiliados pero de allí a desatar una cacería contra la Iglesia hay una distancia enorme. Lo primero es parte de la construcción de la democracia, lo segundo es terrorismo blanco, oportunista y perverso.
El Comercio, 03 de abril de 2010
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