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miércoles, junio 03, 2015

El rapto de la Laguna Azul

La prepotencia de Yanacocha contra la familia Chaupe, en Cajamarca, crea desconfianza ante la inversión, en general.

Cajamarca tiene un nuevo símbolo por la defensa del agua y de la propiedad rural: Máxima Acuña Atalaya de Chaupe se alza como una víctima de la minera Yanacocha. Una mujer a la que se quiere despojar de sus tierras, situadas en el corazón del proyecto Conga y frente a la hermosa y emblemática Laguna Azul. Su caso ha generado una comprensible corriente de indignación.
Desde el 2011 la minera hostiga a esta mujer -rural y analfabeta-, reconocida internacionalmente como 'La Dama de la Laguna Azul', a punto de convertirse en leyenda inspiradora. Su drama demuestra la asimetría entre las empresas y las poblaciones frente a la ley.
Este es un ejemplo más de cómo el Estado da más peso a los registros de los inversionistas que a los de los pobladores rurales, ese grupo humano que vive en el "Perú preindustrial", como lo llama el economista Hernando de Soto. Ese "Perú preindustrial" no cuenta con las herramientas adecuadas (documentos) para defender lo suyo. Quienes aprovechan esa orfandad documentaria afectan la credibilidad de empresas que hacen negocios respetuosos con el ambiente y los derechos de los más vulnerables.
Las empresas del siglo XXI han comprendido que la viabilidad de sus proyectos pasa por ganar la confianza de la población y hacerla partícipe de los beneficios. Las corporaciones globales han creado el puesto de director de sostenibilidad para fortalecer las relaciones comunitarias y la responsabilidad social. Esas corporaciones tienen prácticas cada vez más respetuosas y buscan ser incluidas por sus prácticas transparentes e innovadoras en la lista de las empresas verdes de Interbranding. Yanacocha, sin embargo, persiste en un camino solitario y perverso para las inversiones.


Prepotencia
Los Chaupe perdieron la demanda interpuesta por la minera: los acusaron de usurpación agravada en Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca. A comienzos de agosto, un juez de Celendín sentenció a dos años y ocho meses de prisión suspendida a Máxima, su esposo, su hija y yerno. Se ordenó el desalojo.
En el 2011 efectivos armados entraron a su terreno, quemaron su choza y los golpearon. Los Chaupe resistieron y no dejaron su propiedad. Como ahora, un juzgado desconoció su certificado de posesión.
La poeta Rocío Silva Santistevan, de la Coordinadora de Derechos Humanos, explica que lo discutido "no es si el terreno es de los Chaupe o de Yanacocha", sino si se "lo usurparon por la fuerza a la empresa". No se discute la propiedad, sino la posesión.
Yanacocha dice que en el 2001 compró más de cinco mil hectáreas entre las que se encontrarían estas (no lo demostraron, pero ganaron el juicio). Lo que sí está demostrado es cómo Yanacocha da motivos a los antiinversión para protestar contra la minería afectando las inversiones. Frente a la prepotencia, la gente pierde la capacidad de separar la paja del trigo.

DiÁlogo y cooperación
Convenio a favor de comunidades nativas
La comunidad nativa Alianza Topal, ubicada en la cuenca del Río Pastaza, muy cerca del lote 1AB, en la región Loreto, cuenta desde el último fin de semana con un sistema de electrificación rural.
Con una inversión de más de 600 mil soles, el proyecto beneficiará a unos 190 pobladores de la comunidad Alianza Topal, distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón.
El apu Edinson Sánchez Tapullima y Clara Rengifo Butuna, presidenta del club de madres de la comunidad, manifestaron su agradecimiento, ya que ahora tienen luz y sus hijos podrán estudiar en las noches y la población podrá emprender sus negocios.

La obra de electrificación rural es resultado del diálogo y la cooperación mutua entre Pluspetrol Norte y las comunidades nativas vecinas al lote 1AB, en virtud a los convenios suscritos periódicamente con el objetivo de aportar al desarrollo de las poblaciones ubicadas en zonas de frontera.

Martha Meier M.Q.
Editora Central

El Comercio, 19 de agosto de 2014 (Página de Ecología)

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