La prepotencia de Yanacocha contra la familia Chaupe, en Cajamarca, crea
desconfianza ante la inversión, en general.
Cajamarca tiene un nuevo símbolo por la defensa del agua y de la
propiedad rural: Máxima Acuña Atalaya de Chaupe se alza como una víctima de la
minera Yanacocha. Una mujer a la que se quiere despojar de sus tierras,
situadas en el corazón del proyecto Conga y frente a la hermosa y emblemática
Laguna Azul. Su caso ha generado una comprensible corriente de indignación.
Desde el 2011 la minera hostiga a esta mujer -rural y analfabeta-,
reconocida internacionalmente como 'La Dama de la Laguna Azul', a punto de
convertirse en leyenda inspiradora. Su drama demuestra la asimetría entre las
empresas y las poblaciones frente a la ley.
Este es un ejemplo más de cómo el Estado da más peso a los registros de
los inversionistas que a los de los pobladores rurales, ese grupo humano que
vive en el "Perú preindustrial", como lo llama el economista Hernando
de Soto. Ese "Perú preindustrial" no cuenta con las herramientas
adecuadas (documentos) para defender lo suyo. Quienes aprovechan esa orfandad documentaria
afectan la credibilidad de empresas que hacen negocios respetuosos con el
ambiente y los derechos de los más vulnerables.
Las empresas del siglo XXI han comprendido que la viabilidad de sus
proyectos pasa por ganar la confianza de la población y hacerla partícipe de
los beneficios. Las corporaciones globales han creado el puesto de director de
sostenibilidad para fortalecer las relaciones comunitarias y la responsabilidad
social. Esas corporaciones tienen prácticas cada vez más respetuosas y buscan
ser incluidas por sus prácticas transparentes e innovadoras en la lista de las
empresas verdes de Interbranding. Yanacocha, sin embargo, persiste en un camino
solitario y perverso para las inversiones.
Prepotencia
Los Chaupe perdieron la demanda interpuesta por la minera: los acusaron
de usurpación agravada en Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca. A comienzos
de agosto, un juez de Celendín sentenció a dos años y ocho meses de prisión
suspendida a Máxima, su esposo, su hija y yerno. Se ordenó el desalojo.
En el 2011 efectivos armados entraron a su terreno, quemaron su choza y
los golpearon. Los Chaupe resistieron y no dejaron su propiedad. Como ahora, un
juzgado desconoció su certificado de posesión.
La poeta Rocío Silva Santistevan, de la Coordinadora de Derechos
Humanos, explica que lo discutido "no es si el terreno es de los Chaupe o
de Yanacocha", sino si se "lo usurparon por la fuerza a la
empresa". No se discute la propiedad, sino la posesión.
Yanacocha dice que en el 2001 compró más de cinco mil hectáreas entre
las que se encontrarían estas (no lo demostraron, pero ganaron el juicio). Lo
que sí está demostrado es cómo Yanacocha da motivos a los antiinversión para
protestar contra la minería afectando las inversiones. Frente a la prepotencia,
la gente pierde la capacidad de separar la paja del trigo.
DiÁlogo y cooperación
Convenio a favor de comunidades nativas
La comunidad nativa Alianza Topal, ubicada en la cuenca del Río Pastaza,
muy cerca del lote 1AB, en la región Loreto, cuenta desde el último fin de
semana con un sistema de electrificación rural.
Con una inversión de más de 600 mil soles, el proyecto beneficiará a
unos 190 pobladores de la comunidad Alianza Topal, distrito de Andoas,
provincia del Datem del Marañón.
El apu Edinson Sánchez Tapullima y Clara Rengifo Butuna, presidenta del
club de madres de la comunidad, manifestaron su agradecimiento, ya que ahora
tienen luz y sus hijos podrán estudiar en las noches y la población podrá
emprender sus negocios.
La obra de electrificación rural es resultado del diálogo y la
cooperación mutua entre Pluspetrol Norte y las comunidades nativas vecinas al
lote 1AB, en virtud a los convenios suscritos periódicamente con el objetivo de
aportar al desarrollo de las poblaciones ubicadas en zonas de frontera.
Martha Meier M.Q.
Editora Central
El Comercio, 19 de agosto de 2014 (Página de Ecología)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario