Aquí parece haber algo para celebrar. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, ha informado que a partir del 1 de enero --con la entrada en vigor del nuevo Código Penal-- arriban penas severas y prisión efectiva, de hasta diez años, contra los delincuentes ecológicos. El 2009 podría ser un año histórico para nuestro país en lo que a desarrollo sostenible y conservación se refiere.
El delito ambiental diezma, depreda, rapiña, empobrece e intoxica, afectando la calidad de vida de todos pero especialmente la de los más pobres, de los más débiles, de los más pequeños y de los más ancianos. Y esto es posible porque existe un cuarteto corrupto y desafinado de empresarios irresponsables, de periodistas insensibles que confunden esta noble profesión con una simple labor de relaciones públicas o de silencios cómplices, de autoridades desvergonzadas y abogados que creen que la justicia es un simple juego de ajedrez en el que gana quien hace la jugada magistral (así esa jugada signifique la persistencia de un foco de envenenamiento de plomo para miles de niñas y niños o la desaparición de un bosque). Se trata de un tipo de delito que afecta colectivamente al país y su viabilidad, que saquea las riquezas de la que dependerá la sobrevivencia y desarrollo económico, con equidad y justicia, de las generaciones futuras.
A lo largo de la historia los más lúcidos pensadores y políticos se han preocupado por este tipo de crimen 'verde' y la necesidad de sancionar la destrucción. Desde Platón hasta Indira Gandhi, pasando por Aristóteles, J.F. Kennedy, Simón Bolívar y tantos otros.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, más conocida como Conferencia de Estocolmo (5 al 16 de junio de 1972), Indira Gandhi recordó a los líderes mundiales su responsabilidad frente a la creciente crisis ecológica. Allí dijo: "A través de toda la India, edictos grabados en roca nos recuerdan que hace 22 siglos el emperador Asoka definió como deber del rey no solo el de proteger a los ciudadanos y castigar a los infractores de la ley, sino también el de preservar la vida de los animales y de los árboles de la floresta". El poderoso Asoka con visión de estadista comprendió que el ambiente debía ser protegido de los pillos...
Felipe Benavides mencionaba que, según Garcilaso de la Vega, los incas prohibieron bajo pena capital perturbar a las aves guaneras en la época de cría. Esto porque la alimentación dependía de la alta productividad agrícola favorecida por el guano. La primera "demanda ecológica" en territorio peruano, es recogida por la historiadora María Rostworowski. Ocurrió en 1567, cuando los naturales de Atiquipa presentaron una queja ante don Pedro Melgar, alcalde de Arequipa, porque el ganado español vagaba sin vigilancia, destruyendo sus cultivos. Juan de Castro Figueroa --quizá el primer abogado 'verde' del país-- "consiguió la imposición de cien pesos de plata corriente como sanción a los dueños de los animales".
Esperemos que la mano dura llegue por fin a combatir el delito ambiental y que tengan prisión efectiva quienes destruyan impunemente el ambiente que nos cobija.
El delito ambiental diezma, depreda, rapiña, empobrece e intoxica, afectando la calidad de vida de todos pero especialmente la de los más pobres, de los más débiles, de los más pequeños y de los más ancianos. Y esto es posible porque existe un cuarteto corrupto y desafinado de empresarios irresponsables, de periodistas insensibles que confunden esta noble profesión con una simple labor de relaciones públicas o de silencios cómplices, de autoridades desvergonzadas y abogados que creen que la justicia es un simple juego de ajedrez en el que gana quien hace la jugada magistral (así esa jugada signifique la persistencia de un foco de envenenamiento de plomo para miles de niñas y niños o la desaparición de un bosque). Se trata de un tipo de delito que afecta colectivamente al país y su viabilidad, que saquea las riquezas de la que dependerá la sobrevivencia y desarrollo económico, con equidad y justicia, de las generaciones futuras.
A lo largo de la historia los más lúcidos pensadores y políticos se han preocupado por este tipo de crimen 'verde' y la necesidad de sancionar la destrucción. Desde Platón hasta Indira Gandhi, pasando por Aristóteles, J.F. Kennedy, Simón Bolívar y tantos otros.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, más conocida como Conferencia de Estocolmo (5 al 16 de junio de 1972), Indira Gandhi recordó a los líderes mundiales su responsabilidad frente a la creciente crisis ecológica. Allí dijo: "A través de toda la India, edictos grabados en roca nos recuerdan que hace 22 siglos el emperador Asoka definió como deber del rey no solo el de proteger a los ciudadanos y castigar a los infractores de la ley, sino también el de preservar la vida de los animales y de los árboles de la floresta". El poderoso Asoka con visión de estadista comprendió que el ambiente debía ser protegido de los pillos...
Felipe Benavides mencionaba que, según Garcilaso de la Vega, los incas prohibieron bajo pena capital perturbar a las aves guaneras en la época de cría. Esto porque la alimentación dependía de la alta productividad agrícola favorecida por el guano. La primera "demanda ecológica" en territorio peruano, es recogida por la historiadora María Rostworowski. Ocurrió en 1567, cuando los naturales de Atiquipa presentaron una queja ante don Pedro Melgar, alcalde de Arequipa, porque el ganado español vagaba sin vigilancia, destruyendo sus cultivos. Juan de Castro Figueroa --quizá el primer abogado 'verde' del país-- "consiguió la imposición de cien pesos de plata corriente como sanción a los dueños de los animales".
Esperemos que la mano dura llegue por fin a combatir el delito ambiental y que tengan prisión efectiva quienes destruyan impunemente el ambiente que nos cobija.
El Comercio, 27/12/2008