Patrimonio a la deriva

Diana Álvarez-Calderón, Ministra de Cultura, firmó el 10 de octubre la resolución 364. Con ella se elimina la protección de los edificios históricos de todo el país.

La cosa anda mal para el patrimonio histórico peruano gracias, paradójicamente, al Ministerio de Cultura. La señora Diana Álvarez-Calderón quedará en el recuerdo como la mujer que firmó la sentencia de muerte de casonas, palacetes y edificios que constituían la memoria física de distintas etapas de nuestra historia y ejemplos del arte arquitectónico llevado a su máxima expresión. La resolución 364 -"Resolución Álvarez Calderón"- reduce al mínimo la protección de todos los edificios históricos del Perú. Sí, de todo nuestro país.

A lo anterior hay que sumarle "normas dadas en los últimos dos años, (Decreto Supremo 054 y 060) que afectan los bienes arqueológicos", escribe el conocido limeñista y defensor del patrimonio Javier Lizarzaburu Montani, en su blog "Lima Milenaria".

Atentado

En opinión de los expertos la resolución 364 ("Resolución Álvarez-Calderón") consuma uno de los mayores atentados contra el patrimonio y lo peor es que ese atentado viene del propio gobierno. Para Lizarzaburu esto no es más que una claudicación ante los intereses de las inmobiliarias. "Lima Milenaria" dio el campanazo de alerta, pero al parecer en cuestiones de patrimonio cultural arquitectónico pocos escuchan.

"Es cierto -escribe Lizarzaburu- que la iniciativa no nace de Cultura. La resolución cumple con lo estipulado en la ley 30230, firmada por el presidente Humala en julio de este año" (se refiere al paquetazo reactivador económico).

Para Fabricio Valencia, abogado patrimonialista de la consultora Hereditas, esa ley es "completamente perjudicial para las casonas históricas". ¿Por qué? pues porque se va al extremo en lo que es la simplificación de procedimientos y permisos.

"El gobierno -escribe Lizarzaburu- con precisión quirúrgica elimina de un artículo de la ley general de patrimonio (22.1) la palabra 'previa'. Y así, de un plumazo borra, de manera efectiva, la herramienta más clara que existía para proteger edificios históricos en todo el país". El artículo de la ley citada decía: "Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición, puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su ejecución de la autorización 'previa' del Instituto Nacional de Cultura" (hoy ministerio).

Se extirpó una sola palabra y nuestro patrimonio quedó huérfano, a la deriva, camino a desaparecer. En el portal del Ministerio de Cultura se lee de qué inmuebles se habla: "bienes culturales que no pueden trasladarse y abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes) como las edificaciones coloniales y republicanas". Aunque el patrimonio arqueológico está excluido de la perversa resolución, que no llame la atención que termine edificándose un centro comercial sobre una huaca: en el Perú del ollanta-nadinismo (tan bipolar y surrealista), todo cuanto vaya contra la lógica cultural puede darse mientras como ministra de Cultura persista alguien tan ajena a ella.

¿Menos tramitología?

Lizarzaburu acepta que "el sistema era deficiente, lento y frustrante. Tan solo para conseguir la autorización se exigían 18 requisitos, y tomaba meses. Ingresada la solicitud podía tardar más de un año o varios, y el resultado final podía ser negativo: no se autorizaba la obra y perdían el dueño, la empresa y la casona misma. Había que mejorar todo eso, pero ¡no eliminarlo!".

Alberto Martorell, presidente de ICOMOS Perú - organización mundial pro defensa del patrimonio, con estatus consultivo ante UNESCO- no puede creer hasta ahora que todo esto venga de quien "debe proteger, porque se convierte en una excusa para la destrucción". Así las cosas las empresas constructoras podrían convertirse, más bien, en destructoras.

El panorama es sombrío y ante él ya hasta parece innecesario que los bomberos gasten agua cuando se desata un incendio en una casona histórica. Dos días después de que Álvarez-Calderón firmara la resolución 364 ("Resolución Álvarez-Calderón") desamparando a nuestro patrimonio, un incendió colapsó un antiguo edificio en la Plaza 2 de mayo. Dejen que todo se consuma por las llamas ¿total?, se ahorra agua y, de paso, las inmobiliarias no tendrán que gastar en demoler las joyas arquitectónicas del Perú.?

¿QUÉ PERMITE LA RESOLUCIÓN?

-- Demoler parcialmente si lo necesitan

-- Demoler completamente, si no son monumentos.

-- Alterar fachadas .

-- No respetar alturas.

-- Nadie de Cultura tendrá que ver el proyecto antes que sea ejecutado. (Fuente: limamilenaria.blogspot)

Martha Meier MQ.

Editora Central

El Comercio, 02 de noviembre de 2014