Constantemente las comunidades alzan su voz contra los proyectos
energéticos y mineros sin darse cuenta de que ambos sectores son víctimas del letargo
estatal.
Unos correos electrónicos muestran el malestar de las comunidades de la
zona de influencia del lote A1B, actualmente operado por Pluspetrol Norte
(PPN), en Loreto. Hay descoordinación en el proceso de las "mesas de
desarrollo" con los apus (los mayores) de las cuencas de los ríos Tigre,
Pastaza, Corrientes y Marañón. Y aquí, empresa y comunidad son víctimas de un
Estado incapaz de atender la problemática socio-ambiental peruana. Demasiada
burocracia. Escasos resultados.
Las federaciones comentaron que el plan del Ministerio de Salud (Minsa)
llegó el día mismo de una reunión en San José de Saramuro, no pudo revisarse y
debió aplazarse su discusión (no hay nueva fecha).
Las impuntualidades gubernamentales generan desconfianza en una
población afectada, durante generaciones, por la contaminación de petroleras
que operaron sin consideración ambiental alguna. En el 2011 estas poblaciones
exigieron al Estado una indemnización por cuatro décadas de aquella
irresponsable actividad.
Esta no es una lucha de poderes donde el más fuerte -la empresa- tiene
ventaja. No, PPN y las comunidades son víctimas de un Estado y un gobierno que
no saben por dónde empezar a desatar el permanente y latente estado de
conflictividad.
Cuando en el 2012 se licitó el lote A1B -hoy operado por la referida
petrolera- se realizó el primer proceso de consulta previa cumpliendo con el
Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT).
Las comunidades exigieron que se fuera antes de la licitación, para resolver
cinco temas puntuales: titulación de tierras; servicios del Estado de salud,
educación y saneamiento; servidumbre por uso del suelo; indemnización por las
cuatro décadas de actividad petrolera; y remediación de esos pasivos
ambientales. Con nada se cumple. No se respetan los cronogramas, los planes
carecen de objetivos claros y las propuestas son tan técnicas que las
federaciones no están en capacidad de evaluarlas.
Dirigentes de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, declararon a
El Comercio, hace algún tiempo, que el Estado debía garantizar "el derecho
a la vida de sus poblaciones". Para los representantes de los apus de las
cuatro cuencas, "es evidente el limitado trabajo realizado" en ese
sentido.
Las federaciones, sin embargo, confían en un plan conjunto de salud
"en que las entidades estatales, con un bagaje de incumplimientos
históricos hacia sus pueblos (Minsa, INS, DGE, DGSP y la Diresa), realicen un
trabajo serio".
La ineficiencia estatal -informan fuentes de PPN- derivó en que las
últimas reuniones se dieran bajo un clima de alta presión social. Compete a la
primera ministra Ana Jara poner orden para bien de las empresas y,
principalmente, de las comunidades.
OPORTUNIDADES
Soluciones conjuntas
El economista Hernando de Soto afirma -con conocimiento de causa- que la
mejor herramienta para frenar al terrorismo violentista y a los grupos
anárquicos es que las poblaciones más marginadas tengan acceso al derecho de
crear riqueza. En este sentido, los programas de responsabilidad social y los
proyectos estatales deben enfocarse en facilitar el emprendimiento.
Para De Soto, detrás de cada conflicto social hay necesariamente un
elemento económico, y es cierto. ¿Alguien cree realmente que si Conga tuviese
que adecuar mejores estándares ambientales, fuese más compatible con las
actividades agropecuarias de Cajamarca y generara beneficios directos a los
pobladores, tendría tanta oposición?
La petrolera Pluspetrol parece entender la necesidad de generar
proyectos económicos viables. En el 2007, antes aun de operar el lote A1B,
inició un programa de promoción de empresas de comunidades nativas para el
desarrollo de autogestión, creación de oportunidades laborales y elevar los ingresos
comunales.
Martha Meier MQ.
Editora Central
El Comercio, 21 de octubre de 2015
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