Muerte en Masisea
El asesinato de cuatro líderes asháninkas a manos de madereros ilegales
demuestra cómo las mafias se apoderan, poco a poco, de nuestro país.
Edwin Chota, Leoncio Quincima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos son los
nombres de nuestros compatriotas, gigantes de la conservación, hijos del bosque
y luchadores solitarios contra la tala ilegal y el narcotráfico. Ambas mafias
tan unidas que ya se habla de la 'narcomadera'.
Duele saber que quienes defienden nuestros recursos naturales de los
delincuentes depredadores -a falta de un Estado fuerte y eficiente que los
erradique-no cuenten con apoyo ni protección de las autoridades.
Aterroriza que nuestros desorientados padrastros de la patria se hayan
enterado de tan brutales crímenes una semana después de ocurridos y por una ONG
brasileña. ¿Hay gobierno nacional o su radio de acción se reduce a Lima,
balnearios y la feria gastronómica Mistura?
Indigna saber que en abril del año pasado Edwin Chota, una de las
víctimas, pidió garantías. Dijo que estaba amenazado, que lo podían matar.
"Es un riesgo de vida para nosotros mismos", comentó en un video. Y
así fue.
El nombre de Edwin ha dado la vuelta al mundo y ocupado titulares de los
principales medios internacionales. De los cuatro, este valiente y simpático
cincuentón era el más conocido. Desde comienzos del 2000 se entregó en cuerpo y
alma a defender los derechos de los suyos -el pueblo asháninka- y a denunciar
la alianza de los madereros ilegales con el narcotráfico, al punto de que ya
puede hablarse de 'narcomadera'.
La mafia de la 'narcomadera' -como la minería ilegal- tiene tentáculos
que llegan a lo más alto del poder político y privado. Solo así se entiende
que, pese a estar cantados, hayan ocurrido estos crímenes en la comunidad
nativa del Alto Tamaya-Saweto, cabecera del río Tamaya, distrito de Masisea,
región Ucayali. Y esos tentáculos podrían ser la razón por la cual el gobierno
no tiene una política de frontera. "No hay presupuesto para la policía, la
Marina, el Ejército", como denunció el propio Edwin.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha
publicado un fuerte comunicado para exigir al Estado Peruano y al Poder
Judicial "hallar a los responsables y sancionarlos con todo el peso de la
ley". Algo que todos los peruanos de bien suscribimos. El presidente
Ollanta Humala dice que estos crímenes no quedarán impunes, habrá que darle el
beneficio de la duda.
Humala, sin embargo, no puede seguir con su política de mirar hacia otro
lado en el tema del contrabando de madera. Es sabido que 80% de nuestras
exportaciones en ese rubro son ilegales. ¿Qué se hace al respecto? Nada.
Los ingenieros forestales vienen pidiendo sin suerte que se implemente
un sistema de certificación por ADN, pues la documentación actual (permisos) se
falsifica fácilmente. ¿Por qué no se implanta ese sistema que impediría tanto
el tráfico de madera ilegal?
La Agencia Estadounidense de Investigación Ambiental (EIA),
especializada en delitos ambientales, elaboró un amplio informe sobre la
'narcomadera'. Ninguna alta autoridad lo ha comentado. ¿Hasta dónde está
infiltrado realmente el narcotráfico?
Mientras tanto las viudas de los mártires de la selva no han recibido
ningún apoyo. ¿Es este el Perú que queremos?
Martha Meier MQ.
Editora Central
El Comercio, 13 de setiembre de 2014
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