¿En cuánto más mentirán?

En nuestro país jamás hubo algo parecido a una campaña de "esterilizaciones forzadas" durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Así ha concluido el fiscal Marco Guzmán Baca, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, al finalizar su investigación sobre la "anticoncepción quirúrgica voluntaria", AQV. El caso había sido archivado en el 2009, a falta de indicios criminales, y se reabrió por presiones de la muy sesgada Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Con su conclusión el fiscal tira por tierra la patraña urdida por algunas ONG, y, sin querer, saca a la luz cómo se perpetra impunemente la mentira.
Guzmán Baca archivó la denuncia de "crimen de lesa humanidad" al no encontrar indicios de que durante el gobierno de Fujimori hubiera intención de esterilizar sistemáticamente a las mujeres pobres del país.
Las inexistentes "esterilizaciones forzadas", sin embargo, fueron difundidas, a lo largo de varios años, por una cofradía de escribas y opinólogos que coordinan con ONG de izquierda para aplanar honras. Coincidentemente, son los mismos que en la campaña electoral del 2006 afirmaron que Ollanta Humala era el tenebroso 'Capitán Carlos', el asesino de la base de Madre Mía, para luego auparlo en la campaña del 2011.
La anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV, ha sido ampliamente investigada por la experta en políticas públicas María Cecilia Villegas Otero. Ella explica que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori se implementó justamente para enfrentar la alta tasa de mortalidad materno-infantil y mejorar las condiciones de salud de la población más marginada del Perú: las mujeres andinas.
Para Villegas, la constante agenda de desinformación y el sesgo ideológico llevaron a que el término "esterilizaciones forzadas" se instale en el imaginario peruano, pese a no haber ocurrido tal cosa en el país.
En su investigación saca a la luz que "solo en 1993, 1.670 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo, parto y posparto: una muerte cada 5 horas".
El tema de las AQV era uno de los caballitos de batalla de los que quieren hacer creer al Perú que todos sus males empezaron con Fujimori y terminaron con su captura.
Ahora bien, ese programa fue supervisado por la Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), y financiado con fondos de la cooperación internacional. La propia defensoría detectó irregularidades y las subsanó. Villegas explica que "fueron casos aislados e inaceptables. Esos médicos debieron ser juzgados y las víctimas resarcidas". Y eso es justamente lo que se hará con los médicos responsables de las irregularidades y de la muerte de Mamérita Mestanza, cuyo caso ha sido groseramente aprovechado y manipulado con fines políticos.
¿En cuánto más mentirán?
Si algo no debe permitirse, es que la mentira campee.

El Comercio, 25 de enero de 2013