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sábado, diciembre 14, 2013

La minería ilegal: delito ambiental sin precedentes

Causa estragos ambientales y genera delincuencia, pero el gobierno no la enfrenta y amplía el plazo para "formalizar" la dañina minería ilegal.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, intenta, infructuosamente, desmentir lo que este y otros medios han advertido: que, en la práctica, el plazo de formalización para los mineros ilegales se ha ampliado hasta el 2016. El ministro encargado de defender el ambiente quiere, también, descalificar a las múltiples voces que -desde el último sábado- se han alzado contra las facilidades otorgadas a quienes ejercen el "tipo más primario de minería", según calificación del Banco Mundial.

¿Embarrar al presidente?
Es cierto que el gobierno ha sido lento en enfrentar a la minería ilegal, pero las actuales decisiones parecen dirigidas a golpear la imagen del presidente Ollanta Humala.
Recordemos que, el año pasado, Humala anunció una serie de enérgicas medidas contra la minería ilegal y el Congreso le otorgó facultades legislativas para ello. Sus ministros -encabezados por Juan Jiménez Mayor- han llevado tan mal las cosas que el más perjudicado será el presidente y no la minería ilegal.
En setiembre del año pasado, el doctor Ernesto Ráez Luna, asesor del Ministerio del Ambiente, explicó, en entrevista de "La República", que las facultades especiales facilitarían "el fortalecimiento de la capacidad del Estado para penalizar la actividad en la medida que figura condiciones de un delito organizado, ambientales y laborales, además de los delitos conexos como la trata de personas".
Un año después, las autoridades se han arrodillado ante esta poderosa y millonaria mafia.

La reina de Puno
Recientemente se supo que Rocío Torres Carcasi, propietaria de un imperio de minería ilegal en La Rinconada, Puno, compró en España, por 8 millones de dólares, la finca ganadera Yerbabuena, de quien fuera la cantante Rocío Jurado y su marido, el torero Ortega Cano. No hay denuncia alguna contra la llamada reina de la minería ilegal de Puno ni investigaciones para seguir la ruta de su dinero.
Ayer, nuestro Diario sacó a la luz que en el aeropuerto internacional Jorge Chávez agentes de la Dirandro intervinieron a 10 personas que llevaban 4 millones de dólares a Puno y Cusco. Una de ellas está relacionada con el clan delictivo de los Baca, cabeza de la minería ilegal en Madre de Dios. Los Baca ya empezaron su "formalización", y los ministros Jiménez Mayor y Pulgar-Vidal, recién ahora, dicen que verán qué hacer.
¿Quieren una idea? Pues podrían denunciarlos, juzgarlos y encarcelarlos. ¿Qué tal?
La denuncia hecha por nuestra Unidad de Investigación indica que ninguno de los transportadores de dinero ha sido detenido, pues no hay orden de captura contra ellos. Dado que el dinero no procede del narcotráfico, la Dirandro no pudo hacer más que remitir el caso al Ministerio Público. ¿Quién boicotea así la lucha contra la minería ilegal?

Lejos de la verdad
El ministro Pulgar-Vidal se indigna y descalifica con argumentos falaces las denuncias de El Comercio: debería recordar que la mentira tiene patas cortas. La no verdad no puede esconderse y está registrada en los archivos periodísticos (ver nota complementaria).
Lejos de perseguir a estos destructores del ambiente, evasores de impuestos y explotadores de niños y mujeres, se los trata mejor que a cualquier respetable ciudadano. La pregunta final es ¿por qué?



PACTOS
Reunión y negociación en la PCM
Todo empezó hace poco más de una semana cuando los mineros, eufemísticamente llamados informales, amenazaban con un paro nacional. El jueves 22, la web de la edición norte del diario "La República" publicó: "PCM y gremios mineros acuerdan ampliación de plazo para formalización (Ver:
http://www.larepublica.pe/22-08-2013/pcm-y-gremios-mineros-
acuerdan-ampliacion-de-plazo-para-formalizacion-0).
Un comunicado de prensa de la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dice: "Se estableció [...] un Programa de Saneamiento, Formalización y Legalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal que culminará el año 2016".
Y aquí añade lo más grave: "Se dispuso que el 5 de setiembre del presente año no se inicien acciones de interdicción" (Ver:
http://www.pcm.gob.pe/noticias/ejecutivo-y-gremios-mineros-
acuerdan-continuar-y-fortalecer-proceso-de-formalizacion/).
El gran ausente
En esa reunión -claudicante para evitar un conflicto social- no estuvo el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal (siempre ocupado en actividades ajenas a la salvaguarda de nuestro patrimonio natural). Solo asistieron Jiménez Mayor (PCM), Jorge Merino (Energía y Minas) y Daniel Figallo (Justicia), además del congresista Daniel Abugattás.
Todos negociando con delincuentes ambientales que, en su conjunto, mueven el doble de dinero que el narcotráfico.
Se promueve, además, su mal accionar, pues la empresa estatal Activos Mineros les compra el oro ilegal y lo coloca en el mercado formal.
captura www.pcm.org.pe
El gran ausente en la reunión fue justamente Pulgar-Vidal.
impunidad
"Un año después las autoridades se han arrodillado ante esta poderosa y millonaria mafia".

EL MERCURIO
El 18% del mercurio que se emite al aire, globalmente, proviene de la minería ilegal, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
El Perú es el mayor importador de mercurio de la región.
El 19 de enero del 2013, más de 140 países -entre ellos el Perú- alcanzaron un acuerdo para reducir las emisiones de mercurio, informó el Pnuma, de Ginebra, Suiza.
En los últimos 20 años, más de 3.000 toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos amazónicos y han contaminado el agua.
En Madre de Dios se producen entre 16 mil y 18 mil kilos de oro al año, y por cada kilo de oro extraído se utilizan unos 2,8 kilos de mercurio.
Las mujeres en edad fértil son las de mayor riesgo por presentar niveles más altos de este metal pesado, lo que podría causar daños neurológicos en el futuro niño.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que causan especiales problemas de salud pública.
El 60% de los tipos de peces consumidos en Puerto Maldonado supera los límites internacionales permitidos de mercurio.

El Comercio (Ecología), 27 de agosto de 2013

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