Controlar el papel para callar las ideas

Treinta y cuatro años después de una transacción comercial entre privados, la presidenta de Argentina, señora Cristina Fernández de Kirchner, tuvo una epifanía, una visión, una señal del cosmos de cómo silenciar las voces que no le son gratas. Así, dio con una fórmula macabra para meterle un nuevo gancho de izquierda a la prensa independiente, intentar desprestigiarla y, de paso, vincular a los directivos de los dos medios más emblemáticos de su país – “La Nación” y “Clarín”– con delitos de lesa humanidad. El asunto, sin duda, traerá cola y no sería sorprendente un burdo intento de judicializar y detener a Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, el hombre que más eriza a los esposos Kirchner. ¿Qué otra razón habría para relacionar la compra de la empresa Papel Prensa, en 1976, con delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar? Papelera donde, por cierto, el Estado controla hasta hoy el 27,5% de acciones.
Según la amañada versión dada por doña Cristina el último martes 24 de agosto, Papel Prensa –controlada por “Clarín” y “La Nación”– no fue vendida en 1976 sino en 1977. Tal salto en el tiempo es esencial para que su mentira cuaje: fue en 1977 cuando los ex propietarios, la poderosa familia Graiver, fue detenida y torturada bajo acusación de mover –“lavar” diríamos hoy– dinero de la guerrilla Montoneros (la izquierda peronista alzada en armas).
Pero como la mentira tiene patas cortas resulta que, en su momento, el periódico “La Opinión” se refirió en buenos términos a la compra, considerando que el precio fue “ventajoso” para los Graiver. El asunto no tendría relevancia de no ser porque el director de “La Opinión” era ni más ni menos que el reputado periodista Jacobo Timerman, entrañable amigo de los Graiver, perseguido por la dictadura militar, secuestrado, torturado y desaparecido desde 1977 hasta 1984. ¿Alguien en su sano juicio creería que Timerman ocultó lo que hoy el neoperonismo chavista saca de debajo de la manga?
La señora Kirchner –con modos bastante más educados y simpáticos por cierto– al final del día termina siendo una encarnación (con faldas) del vengativo e intolerante Hugo Chávez.
Lo que no ha dicho esa historiadora de la ficción es que al momento de la compra la papelera estaba parada, cargada de deudas y que los nuevos inversionistas debieron inyectarle más de 140 millones de dólares de la época para ponerla en marcha y lograr producir papel recién en 1978. Tampoco que fue Isidoro Graiver el encargado de concretar la operación. Ha obviado sibilinamente mencionar que, como se acordó, los pagos se realizaron en cuotas mientras los Graiver estuvieron libres y que al ser cruelmente maltratados y detenidos, el dinero se les depositó en una cuenta de conocimiento judicial. La señora calla en siete lenguas que nunca la familia impugnó esta venta. Obvia también que, tras el retorno a la democracia con Raúl Alfonsín a la cabeza, el Estado Argentino indemnizó a la familia Graiver por los bienes que les confiscó la dictadura, y que el pago no incluyó el paquete accionarial vendido a los diarios, justamente porque la legitimidad de la operación no estuvo en duda. La indemnización sí incluyó las acciones de Papel Prensa a nombre de la sucesión de David Graiver (hermano de Isidoro) y que esa es justamente la parte que desde hace 34 años posee el Estado. El propio Isidoro Graiver ha desvinculado la transacción de las acciones crueles de la dictadura.
Kirchner habla de un inexistente monopolio de Papel Prensa, invisibilizando a Papelera Tucumán que inclusive exporta su papel a diarios como “El Mundo” de España, entre otros.
Al iniciar su cuento sobre la perversidad de “La Nación” y “Clarín” (perversidad existente en su interesada versión), Kirchner se refirió a un editorial dominical de “Clarín”: “El gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa”. Y ¡zas! Allí se le escapó la verdad: “uno infiere que “Clarín” piensa que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa [...]. Claro quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa”. Entonces, señora presidenta, ¿debemos inferir que quien quiere controlar Papel Prensa quiere controlar la palabra impresa?

El Comercio, 28 de agosto de 2010