¿Puede el Ministerio Público estarse convirtiendo en un enemigo del modelo económico, de esto que llamamos “sistema”, el dinamismo del mercado y nuestra frágil institucionalidad democrática? Claro que sí, especialmente si incumple con su primordial función: garantizar la recta administración de justicia, y eso pasa por evitar la existencia de peruanos a los que no alcanza el brazo de la ley.
En los últimos meses el Ministerio Público ha generado un clima de impunidad en torno al mayor escándalo de corrupción de las últimas décadas: el caso “LavaJato” (Odebrecht). Es inexplicable la falta de vocación para jalar de las solapas a los responsables de las tropelías en el Perú y sentarlos en el banquillo de los acusados, mientras los fiscales parecen más bien abocados a proteger a estos “peces grandes”.
Este clima de impunidad abona al debilitamiento de nuestra ya bastante frágil e imperfecta democracia y puede forzar la artificial aparición de algún caudillo “antisistema”, si es que el “sistema” se percibe como sinónimo de indecencia, corrupción e impunidad, que es justamente a lo que nos está llevando el Ministerio Público.
El fiscal de la Nación Pablo Sánchez tuvo el desatino de fungir como columnista en un diario local vinculado a uno de los principales socios locales de Odebrecht, demostrando que nada es casualidad. El entrampamiento del caso Odebrecht es deliberado, aquí hay una bien planeada estrategia para convertir al Ministerio Público en una farsa institucional que escude a quienes saquean al país, dejando de lado su deber de ser la columna vertebral de la decencia y la moral nacionales.
Las denuncias de Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, sobre sobornos, arreglos para ganar licitaciones, generar sobrecostos y las rutas para lavar dinero (estas últimas detalladas por el periodista Gustavo Gorriti) están en blanco y negro durmiendo el sueño de los justos en el cajón de algún fiscal que ha accedido ya a una vida más cómoda. ¿O alguien cree que todo esto es gratis?
Al presidente Pedro Palo Kuczynski y al partido opositor Fuerza Popular, liderado por la señora Keiko Fujimori, les corresponde promover el cambio, señalar el daño colectivo generado por los brasileros y sus socios y rescatar al propio Ministerio Público de las garras corruptas -público y privadas- que lo secuestraron para beneplácito de los empresarios más sucios, porque sino…¡Ay mamita la que se nos viene!
Martha Meier M.Q.
Diario Expreso, 14 de octubre de 2017