En lo que constituye la última maniobra del gobierno de Cristina Kirchner para acallar a la prensa independiente de la Argentina, hoy martes está previsto tomar control de la empresa Papel Prensa y –de ser posible– detener a los directivos de “La Nación” y “Clarín”, por “delitos de lesa humanidad”. Un asunto sin pies ni cabeza. Lamentablemente, en un país donde hay quienes se empeñan en que las heridas derivadas de la criminal dictadura militar sigan abiertas, es fácil usar ese argumento para legitimar lo que sea. Y tal es el caso de lo que puede pasar –más que seguro– con Papel Prensa, propiedad del Grupo Clarín, el diario “La Nación” y con una pequeña participación estatal. Los accionistas privados han alertado que “El ex presidente Néstor Kirchner (para más señas esposo de la susodicha Cristina) está desarrollando un plan para controlar y dominar a los medios que no le son afines. Esta política se acentuó luego de la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas del año pasado, cuando Kirchner culpó del resultado electoral a la posición editorial de los medios”.¿Pero qué tiene que ver una empresa productora de papel periódico con delitos de lesa humanidad? Allí viene la ficción articulada desde la Casa Rosada que cuenta con la participación de Lidia Papaleo de Graiver, viuda de David Gravier, uno de los ex dueños de Papel Prensa que tuvo que vender su papelera al no poder honrar una deuda de más de seis millones de dólares.
El documento que el oficialismo presentará hoy tiene cuatrocientas páginas y afirma que “La Nación” y “Clarín” se hicieron de las acciones cuando sus dueños originales –los Graiver– y sus allegados “estaban secuestrados y siendo torturados”. El kirchnerismo pretende desconocer una operación entre privados concretada hace más de tres décadas, y de paso desprestigiar a los dos principales y más influyentes medios del país, asociándolos con actos criminales. Gustavo Caraballo, ex secretario técnico de Juan Domingo Perón y ex embajador argentino ante la Unesco, detenido en 1977 y torturado en las mismas instalaciones clandestinas junto a Papaleo de Gravier, ha señalado: “Se pretende vincular esa transacción a la tortura y persecución de Juan, Isidoro y Lidia Gravier por recibir fondos de Montoneros. Todo ese andamiaje es falso [...]. Pretender ahora construir una nueva teoría de los hechos, a fin de controlar un insumo básico para la prensa libre es ofensivo para la dignidad pública e inmoral”, sostiene Caraballo en su carta “No hay democracia sin verdad”, publicada el sábado en “La Nación”.
Pero los Kirchner y sus adláteres están decididos a asfixiar a la prensa opositora. El mensaje es claro: te callas o te callamos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, a través de su presidente Alejandro Aguirre, ya expresó preocupación por el “creciente antagonismo” generado por el Gobierno con los medios que no le son afines.
La escalada contra la prensa argentina se ha ido incrementando de modo vulgar. Todo empezó hace algunos meses cuando los kirchneristas circularon el perverso rumor de que la hija y el hijo de la propietaria del conglomerado mediático Clarín, Ernestina de Noble, eran hijos de desaparecidos. Los muchachos sufrieron persecución judicial y fueron obligados –contra su voluntad– a someterse a pruebas de ADN para compararlas con el banco de información genética con que cuenta la asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Resultado? El ADN de los chicos Noble no coincidió con ninguno de la base de datos. Pero la intención era echar sombras y desprestigiar al Grupo Clarín, a través de su dueña. Un calculado plan previo a declarar caduca la licencia de Fibertel, del grupo Clarín, para brindar servicio de Internet. Hoy sabremos hasta dónde se atreve a llegar esta representante del neoperonismo, chavetero y chavista.
El Comercio, 24 de agosto de 2010